Lectura 3:00 min
10,962 perros no se archivan ni se olvidan
Eduardo Ruiz-Healy | Ruiz-Healy Times
Diez mil novecientos sesenta y dos perros muertos. No es el registro de una catástrofe natural ni el saldo de una epidemia. Es el resultado de las decisiones de una expresidenta municipal morenista de Tecámac que hoy es senadora de la República. La misma Mariela Gutiérrez Escalante informó el número de perros que mandó matar, año por año: 483 en 2019, 526 en 2020, 1,789 en 2021, 2,514 en 2022, 2,778 en 2023 y 2,877 en 2024.
Esas cifras son hoy lo más importante de la investigación que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tiene abierta en su contra. En el Edomex, el maltrato animal se castiga con hasta seis años de prisión. El fuero constitucional es, por ahora, la única barrera entre Gutiérrez Escalante y ese proceso penal. Una barrera que depende estrictamente de su continuidad como senadora.
Ella misma lo aceptó. Al ser confrontada en el video que detonó el escándalo, en conferencia de prensa dijo: "¿10,000? 10,000. Okay. Sí, no lo negamos… No hubo indiferencia, no hubo crueldad. Enfrenté una realidad difícil y tomé decisiones en el marco de la ley, buscando el menor daño posible. “Y luego, como queriendo dar clases de lo que es el arte de gobernar: “Gobernar es tomar decisiones difíciles cuando no hay soluciones perfectas”. Pocas veces un expediente judicial se construye tan eficientemente con las palabras del propio acusado.
La senadora insiste en que todo se hizo conforme a la NOM-033-SAG/ZOO-2014, que estipula dar una sobredosis de barbitúricos a un animal para garantizar su muerte sin dolor. Pero aplicar una eutanasia humanitaria a 10,962 animales requiere una inversión millonaria en fármacos y en personal veterinario especializado. ¿Existió y se ejerció ese presupuesto? La fiscalía deberá determinar si en algún momento los perros fueron muertos sin sedación previa, lo que produciría muertes por asfixia o paro cardiaco —lo opuesto a la eutanasia compasiva que la ley ordena
La senadora debe presentar los 10,962 expedientes médicos que, por ley, deben justificar cada muerte. Ella misma admitió que muchas órdenes se basaron en fotografías enviadas por ciudadanos vía WhatsApp: "Tengo fotografías que me enviaba la propia ciudadanía... perros que le arrancaban la cara a niños." La investigación deberá determinar si el Centro de Bienestar Animal de Tecámac operaba realmente como centro de protección animal o simplemente como un centro de exterminio bajo demanda vecinal.
Y aquí está la trampa jurídica que ella misma tendió: la NOM-033 regula el método —cómo matar—, pero no faculta a un alcalde para exterminar poblaciones de perros callejeros. Al confesar que ella dio las órdenes, debe probar la legalidad de 10,962 decisiones de muerte individuales. Los motes que la persiguen —"La Mataperros de Tecámac", “Lady Sacrificio”, “La Exterminadora”— no lo inventaron sus adversarios, que son muchos dado el cacicazgo que ella y sus hijos ejercen en Tecámac. Son el eco exacto de su propia narrativa.
Mariela Gutiérrez olvidó que la eficiencia administrativa —real o supuesta— no justifica la barbarie. La historia de México no registra un antecedente de esta escala por decreto municipal. No calculó que 10,962 perros exterminados no se archivan y menos se olvidan quienes aman a un perro.
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com