SFP inhabilita a farmacéuticas por prácticas monopólicas

La Secretaría de la Función Pública (SFP) comunicó a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a empresas productivas del Estado, así como a entidades federativas, municipios y alcaldías, a abstenerse a realizar contratos y propuestas con empresas farmacéuticas por prácticas monopólicas.

Mediante el Diario Oficial de la Federación (DOF), se comunicó que Valtrum, S.A. DE C.V.; Impromed, S.A. DE C.V.; Centrum Promotora Internacional, S.A. DE C.V., Med Prime, S.A. DE C.V e Instrumentos y Equipos Falcón, S.A. DE C.V, tuvieron como sanción administrativa una inhabilitación por siete años, en los que no podrá participar de manera directa o indirecta en procedimientos de contratación, ni celebrar contratos con cualquier institución pública contratante; esto mediante la fracción VII del artículo 3 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

Estas empresas forman parte de la investigación iniciada, en 2016, por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) debido a contratos millonarios obtenidos a través de licitaciones del Sistema Nacional de Salud.

El resultado de la averiguación, arrojó que el cártel de la sangre acordaba el repartirse territorios, fijar precios en una licitación para obtener 37 contratos y 469 millones de análisis clínicos, esto con el fin de obtener beneficios económicos a costa del mercado.

Antecedente 

En agosto de 2020, la Cofece había determinado que 11 empresas y 14 personas se habían repartido contratos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del ISSSTE, en 2008, 2010, 2011 y 2015.

A causa de esto, impuso multas por 626,457 pesos a dichas entidades y particulares por contribuir a una “práctica monopólica absoluta, sancionada por la Ley Federal de Competencia Económica, al ser arreglos e intercambios de información entre agentes económicos competidores entre sí, con el objeto y/o efecto de coordinar posturas en licitaciones públicas”.

Pero, en dicha sanción, la Cofece indicó que no tenía la facultad legal de limitar o inhabilitar la participación de ninguna empresa en ningún proceso de contratación pública, pero que notificaría el asunto a la SFP para los efectos legales que resulten procedentes.

Después de dos años de esta resolución, la SFP determinó la inhabilitación de las cuatro empresas.

kg