Debate de la CFC le resta institucionalidad

El precedente que se crea con la recusación de Eduardo Pérez Motta, en el caso de la multa contra Telcel, abre una puerta a nuevos litigios e incluso los alegatos públicos por parte de los comisionados restan institucionalidad a la Comisión Federal de Competencia (CFC), de acuerdo con analistas.

Irene Levy, presidenta de Observatel, aseguró: El precedente que se crea con la recusación de Pérez Motta abre una puerta a nuevos litigios, pues tal y como está motivada la recusación la línea del interés indirecto es subjetiva .

Por su parte, Ramiro Tovar, especialista en regulación y competencia económica, aseveró que la divergencia de opiniones en un órgano colegiado como la CFC es sana para las industrias, lo que no es la pérdida de institucionalidad con pronunciamientos y excusas públicas por parte de los comisionados respecto de las decisiones que toman.

En el caso de la recusación de Pérez Motta, Tovar comentó que si por mayoría se dio cause a dicho recurso, el Presidente debe acatarlo y de parte del resto de los comisionados debe prevalecer la prudencia, ya que evidenciar sus diferencias a través de cartas públicas resta institucionalidad.

Sin embargo, Irene Levy enfatizó que es preferible que las discusiones se hagan públicamente que en lo oscurito, pues así se sujeta al escrutinio público la actuación de todos los comisionados, y obliga a la transparencia y rendición de cuentas.

En contraste con lo dicho por Tovar respecto de la pérdida de institucionalidad, Levy aseguró que en tanto las discusiones sean abiertas y transparentes no debilitan a la institución, lo peligroso es que se empezará a utilizar la recusación como un mecanismo para la modificación del fondo de las resoluciones tanto en la CFC como en otras comisiones, como la Cofetel .

LOS ARGUMENTOS DE LOS COMISIONADOS

Rodrigo Morales Elcoro, comisionado de la CFC, dijo que el recurso de recusación por el que Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC, queda fuera de la discusión y votación del recurso de reconsideración que interpuso Telcel y debido al cual la empresa busca librar la multa de casi 12,000 millones de pesos, resulta un criterio discrecional no contenido en la normatividad y daña la solidez de los procedimientos.

La ficción jurídica adoptada como criterio de recusación coloca a todos los miembros del pleno en una situación de incertidumbre jurídica. Todo posicionamiento de un comisionado en un foro académico o profesional, toda comunicación electrónica o impresa podrán ser usadas en su contra, aduciendo que sus opiniones anuncian implícita, pero necesariamente el sentido de un voto en algún procedimiento , finalizó.

Agregó que lo único que acredita el incidente de recusación es que Pérez Motta respondió intentos mediáticos por desacreditar una resolución emitida legalmente y firme en ese momento.

Se pretende así imponer una mordaza a la Comisión y a su vocero, creando la ficción de un impedimento y en detrimento del derecho a la información que tiene el público , detalló.

Por su parte, Miguel Flores Bernés y Luis Alberto Ibarra, comisionados de la CFC, quienes votaron en favor de la recusación de Pérez Motta a través de una carta enviado a los medios precisaron que el criterio de recusación está fundamentado en el artículo 26 de la Ley Federal de Competencia Económica y en el artículo 40 del Reglamento Interior de la CFC.

El lunes pasado, Eduardo Pérez Motta a través de un comunicado declaró que el recurso de recusación no está en el marco normativo de la Comisión, sin embargo, respetará la decisión.

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