Una ley de ciberseguridad para México, que vendría acompañada de modificaciones al código penal y a la ley federal de telecomunicaciones, está “en puertas”, de acuerdo con Jacobo Bello Joya, responsable de Ciberdelitos de la Dirección Científica de la Guardia Nacional, quien también recordó que la Presidencia de la República coordina la elaboración de un protocolo nacional homologado de incidentes cibernéticos.      

Bello estuvo presente durante el lanzamiento del Índice de Civilidad Digital 2021 de Microsoft, el cual busca medir el nivel de riesgo que perciben los ciudadanos de 32 países en su entorno digital. En 2020, México ocupó los últimos lugares de esta medición ─junto a Rusia y Sudáfrica─, con un Índice de Civilidad Digital de 76, lo que supone una caída de un punto respecto de 2019; además de que México no contribuyó al mejoramiento de la civilidad digital en América Latina, a diferencia de países como Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Perú.  

Para el comisionado de la Guardia Nacional, a la vez que, en el terreno económico, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tiene la capacidad de formalizar las oportunidades de emprendimiento en áreas como el desarrollo de aplicaciones; fomentar que empresas mexicanas puedan salir a ofrecer sus productos; así como la posibilidad de tener nuevos modelos de negocio, sobre todo aquellos que involucran las transacciones de persona a persona (P2P); en el ámbito social, los efectos que ha tenido la pandemia de Covid-19 incluyen la fractura de la brecha tecnológica entre generaciones y a una mayor inclusión de los ciudadanos en la política. 

Estas ventajas, de acuerdo con Bello, suponen al mismo tiempo retos que van más allá de la protección personal en el ciberespacio, ya que requieren medidas  a través de las cuales las personas procuren la seguridad en el entorno digital a través de lo que llamó cibercivismo. El funcionario puso como ejemplo la capacitación de trabajadores de fiscalías y procuradurías estatales en materia de investigación y análisis de evidencias digitales; algo que la Guardia Nacional también planea hacer en el caso de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial.

A esto se suman también, según Bello, los avances que se están haciendo en la presentación de una propuesta de ley de ciberseguridad, con las consiguientes modificaciones al código penal y a la ley de telecomunicaciones: “varios aspectos normativos que ya están ahí en puerta junto con el protocolo de atención de a incidentes cibernéticos a nivel país”, dijo.

México: incivilidad digital

Las consecuencias que tienen actos como el acoso o el bullying a través de internet en sus víctimas y la falta de acciones para contrarrestar estos actos son los aspectos que más afectan la civilidad digital en México y entre los encuestados para elaborar el índice de Microsoft, las redes sociales y los medios de comunicación son considerados como los actores que más deben contribuir a mejorar esta civilidad digital. 

Según el índice, los mexicanos perciben un bajo riesgo ante afectaciones reputacionales o sexuales en internet; por el contrario, comportamientos como la discriminación, la misoginia, el trolleo y el bullying sí generan una percepción de peligro entre la población; así como una sensación de dolor emocional y preocupación que en México rebasa a la media mundial. 

Para Ernesto Ibarra, coordinador de Ciberseguridad y Derecho Digital de la UDLAP Jenkins School y quien se desempeñó como director jurídico de la oficina de la Estrategia Digital Nacional en la administración de Enrique Peña Nieto, tanto los avances de la tecnología como la dinámica del mundo digital implican un nuevo paradigma en términos regulatorios.  

Es un reto de corresponsabilidad entre actores estatales y el sector privado, con el poder que tienen estas empresas; así como la responsabilidad en el uso de estas tecnologías y de cómo expresamos nuestras ideas a través de estas redes, que son muy poderosas”, dijo.

Sobre la propuesta de regular las redes sociales que ha expresado el senador de Morena Ricardo Monreal, Ibarra dijo que es necesario hacer un análisis y un balance de derechos que propicie la libertad de expresión pero que considere que ésta no es un derecho absoluto y añadió que si se realiza un ejercicio de desarrollo de derechos, como fue el caso de la legislación en materia de protección de datos, es posible que surja un modelo o una ley general que puede resultar positiva para robustecer las instituciones del Estado. 

El Índice de Civilidad Digital 2021 elaborado por Microsoft se basa en encuestas a 16,000 personas en 32 países acerca de su percepción sobre 21 riesgos que pueden enfrentar en el entorno digital. Sólo un tercio de la población mexicana percibe que hay un buen nivel de civilidad en el ciberespacio, mientras que 46% cree que la civilidad en México es neutra y 20% piensa que es mala. 

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx