En México existen alrededor de 6,500 casas de empeño que pronto serán reguladas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para asegurar la formalidad de sus servicios y brindar una mejor atención a sus usuarios a través de un nuevo marco de regulación que la Asociación Nacional de Casas de Empeño (Anace) ha trabajado con las cámaras del país.

La propuesta de regulación, presentada en el 2011, estipula que aquellas casas prendarias que no estén registradas ante la Profeco no podrán operar en el país (exceptuando al Nacional Monte de Piedad, que se regula por la Ley de Instituciones de Asistencia Privada) y que sus contratos deben estar avalados ante la Procuraduría. En caso de no cumplir con éstas y otras medidas estipuladas en dicha regulación, serán acreedoras a una multa de entre 600,000 y tres millones de pesos.

El proyecto, que fue inicialmente aprobado por la Cámara de Diputados, fue modificado por los senadores y actualmente se encuentra bajo el análisis de las fracciones parlamentarias de la Cámara Baja para su aprobación final , explicó Adolfo Vélez, presidente de la Anace, quien está seguro de que su propuesta quedará aprobada antes de que finalicen las labores de la actual Legislatura.

BUSCAN LIQUIDEZ

De acuerdo con cifras de la franquicia Prendamex, actualmente 29% de las personas que recurren al empeño de diversos objetos de valor lo hacen para cubrir gastos médicos y de salud, 24% lo hace para pagar colegiaturas, 24% más para cubrir gastos imprevistos o personales y 22% lo hace para saldar deudas en tarjetas bancarias.

Los préstamos promedio que los agremiados a la Anace hacen a los usuarios de sus servicios oscilan entre los 1,300 y 1,500 pesos, sin embargo constantemente se enfrentan a dos irregularidades: el préstamo sobre prendas robadas y las reclamaciones de los clientes que tratan de rescatar sus prendas luego de que ha concluido el periodo establecido en su contrato.