Ante la dificultad que representa llevar servicios financieros a comunidades rurales con alta pobreza, el próximo gobierno debe propiciar que las entidades financieras dedicadas a dar servicios en estas localidades tengan una regulación más flexible con la finalidad de que tengan un mayor impacto, dijo Isabel Cruz Hernández, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (Amucss).

De acuerdo con la directora de Amucss, que representa a entidades como las sociedades financieras comunitarias (sofincos), aunque el crecimiento del sector de ahorro y crédito popular ha sido importante en los 18 últimos años, todavía falta que las organizaciones de éste tengan una mayor penetración en zonas rurales, pues en estas localidades apenas se atiende con servicios financieros a 6% de las personas que habitan en ellas.

“Estas instituciones requieren un marco regulado diferenciado, no se trata de no regular, porque habiendo dinero hay manos libres y pasan muchos fraudes, pero sí se requiere una regulación específica para zonas rurales”, explicó Cruz Hernández.

Para la representante de Amucss, las sofincos, junto con algunas sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps), son las únicas instituciones que brindan servicios financieros en localidades de alta y muy alta marginación, pues muchas de ellas son formadas por los habitantes de las mismas.

“Tenemos a 26 sofincos en el país con 135,000 socios (...) lo relevante de este grupo es que es el que llega a las zonas más pobres del país, son sociedades rurales que están llegando a comunidades de alta y muy alta marginación”, destacó.

“Las únicas instituciones —agregó— que pueden llegar a estos sitios no son los bancos comerciales, ni las microfinancieras, son las instituciones de autoorganización, cooperativas o sofincos, que permiten dar una solución de acceso, pero de una manera gradual y requieren apoyo público en alianzas público-privadas para poder tener éxito”, expuso.

Cruz Hernández enfatizó la dificultad de generar instituciones rentables en estas localidades, pues la condición de los habitantes de las mismas dificulta el crecimiento de dichas organizaciones.

“En las zonas más pobres de México no hay mercados de abasto, de productos y menos de servicios financieros. La posibilidad de desarrollar mercado ahí está en el desarrollo económico, pero tenemos la pobreza acumulada, entonces hacer una institución en esta zona implica años para lograr escala financiera que les permita ser rentables y todavía más años para poder ser autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, añadió.

Excluidas de ley fintech

La directora de Amucss indicó que una de las barreras para que las instituciones financieras atiendan en zonas de pobreza es la falta de Internet y destacó que esto no fue tomado en cuenta en la reciente Ley Fintech.

“Una de las barreras más fuertes para crear instituciones es la ausencia de Internet y celular en esas zonas, mientras no exista este servicio junto con la inclusión financiera no vamos a poder hacer rentables instituciones ni hacer que crezcan; además, la ley fintech excluye a las zonas marginadas de México”, señaló.

Ante esta situación, Cruz Hernández enumeró los temas que debe tratar el próximo gobierno para dar una solución al respecto, como, por ejemplo, alentar las inversiones público-privadas para desarrollar una inclusión digital en estas zonas, bancarizar las transferencias ya sea de programas sociales o remesas, crear programas de fomento y reestructurar la banca de desarrollo.

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