El Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria (GTTH) hizo público el borrador de un documento en donde explica que “cada año se incrementa el porcentaje del gasto público dedicado al pago de pensiones, pero no aumentan la base tributaria ni los ingresos públicos, por lo que con frecuencia se requiere recurrir a los ingresos petroleros o adquirir deuda”.

En este sentido, el panorama no es “muy alentador para los siguientes años”, reveló el GTTH, debido a que México presentará una transición demográfica con dos aspectos principales que impactarán directamente en el gasto en pensiones: la esperanza de vida y la transición demográfica.

Se calcula que las personas mayores de 65 años pasarán de 6.1 a 16.2% de la población, en el 2051, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población. La esperanza de vida también aumenta; en el 2018 fue de 75 años, en promedio. “Lo que implica un pago de pensiones por 10 años, esto si todos los adultos mayores se pensionaran a los 65 años”.

Ante ello, instituciones de investigación proponen una serie de reformas para paliar el problema que se avecina para las siguientes generaciones. Dichas recomendaciones se observan en el borrador del reporte “Nuevas Políticas Públicas contra la Desigualdad”.

Propuestas de reformas

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, demostró que la política pública en el sistema de pensiones debe ser enfocada en atender el reto de la sostenibilidad financiera y de limitar el gasto en dicho ramo, así como en revisar los compromisos en el sistema de reparto (beneficio definido) ya sea reduciendo las exenciones del ISR sólo a las pensiones inferiores a dos salarios mínimos o impulsar la competencia en el mercado de las afores (en el caso de contribución definida).

Por su parte, el CEEY impulsa un paquete básico que sería garantizado por el Estado y que se encargará de proveer a todos los trabajadores y sus familias (independientemente de su estatus laboral) seguros de invalidez y vida, así como de una pensión de retiro.

Dicho mecanismo se financiaría mediante un IVA generalizado bajo una tasa efectiva de 11%, “con lo que con la reforma fiscal alcanzaría una recaudación de 6.7% del Producto”.

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