A pesar de que Alta Grupo estructuró esquemas de inversiones donde obtenía recursos provenientes de inversionistas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) está fuera de la jugada para sustentar el delito de captación ilegal de recursos, debido a la forma peculiar de operación del conglomerado.

De acuerdo con el artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, ninguna persona física o moral puede captar directa o indirectamente recursos del público en territorio nacional, mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otro causante de pasivo directo. La misma ley excluye a instituciones de crédito reguladas e intermediarios autorizados de hacerlo.

Alta Grupo es un conglomerado de empresas que ofrecía varios esquemas de inversión bajo las razones sociales Automatización de Servicios Productivos SA de CV (telefonía pública); Alta Modelos Productivos en Movimiento SAPI de CV (tiendas de conveniencia Mambo); Alta Servicios Financieros (sociedad financiera popular y la única regulada por la CNBV), y otras más. El consorcio no ha cumplido con sus inversionistas desde marzo pasado y tiene deudas por más de 4,000 millones de pesos.

El conglomerado, en sus otros esquemas, aparte de la sofipo, podría incurrir en una captación ilegal, ya que éstos no estaban autorizados por la comisión para la obtención de recursos de parte de terceros con la promesa de otorgar un rendimiento anual de hasta 16%, así como la devolución del capital inicial; sin embargo, esta autoridad no puede actuar, ya que el consorcio ofrecía contratos de prestación de servicios (no de inversión como tal), lo que automáticamente la saca de la jugada.

Además de estos contratos de prestación de servicios, donde Alta Grupo vendía cabinas telefónicas, las cuales operaba y prometía rendimientos, también ofrecía otros por los cuales se establecía que el dinero invertido iría a parar a otros vehículos de inversión como fideicomisos de capital privado (ficaps) ubicados tanto en Banca Mifel como en CI Banco.

Los comités técnicos de los ficaps, que tienen la tarea de vigilar los recursos depositados en ellos con la finalidad de evitar una mala administración así como prevenir el lavado de dinero, eran manejados por las cabezas del grupo y presuntos responsables del incumplimiento a más de 2,800 inversionistas es decir, Luis López Panadero y Salvador Abascal , confirmaron a este medio autoridades que siguen el caso.

Para Mario Di Costanzo, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el organismo a su cargo puede defender a las personas que firmaron contratos que dirigían su dinero a los ficaps y que les hayan incumplido.

CNBV, la que debe actuar

Di Costanzo indicó que la CNBV es la única entidad facultada para determinar si Alta Grupo ha incurrido en captación ilegal. Compete a la CNBV determinar si incurrió en captación ilegal , explicó el funcionario cuando fue cuestionado sobre el tema.

Fuentes de la CNBV explicaron a este medio que la Vicepresidencia Jurídica de este organismo, a cargo de Edgar Bonilla del Ángel, no puede actuar por captación ilegal, ya que mientras no exista una prueba fehaciente que sustente el delito, el órgano no intervendrá en el caso, sólo en la supervisión de la sofipo Alta Servicios Financieros.

Para José María Aramburu, director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, la CNBV tiene que actuar en caso de que se presente captación irregular (o disfrazada), pues la ley la faculta para entrar en casos así y evitar otros delitos como el lavado de dinero.

La CNBV es la autoridad competente para sancionar la captación irregular, que es un delito, y le compete su persecución (...) quien ofrezca rendimientos de manera pública, de manera reiterada a través de medios masivos de comunicación y de manera profesional, incurre en captación irregular si no se tienen las autorizaciones correspondientes , explicó el académico.