Luego de aprobarse en el Senado el decreto que reforma la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para regular el crédito de nómina, han salido a la luz las primeras voces en contra de este proyecto al cual calificaron como inconstitucional por considerar como fuente de cobro no sólo el salario de este tipo de préstamos, sino la jubilación o alguna otra percepción extraordinaria del acreditado.

Teresa Carbajal, representante legal de El Barzón en Veracruz, emitió un posicionamiento respecto a la iniciativa, misma que, según su exposición de motivos, tiene el fin proteger y salvaguardar debidamente a los usuarios de abusos de algunos oferentes de los llamados créditos de nómina.

“La iniciativa responde a las cifras de cartera vencida y moratoria que aumentan por la crisis económica ante la pandemia. Las entidades financieras buscan perfeccionar sus métodos de cobranza. El mayor beneficio para ellas será evitar procesos judiciales y con ello costos en la recuperación de sus capitales”, indicó El Barzón en Veracruz.

El proyecto de reforma, que ya fue aprobado en el Senado y enviado a la Cámara de Diputados, prevé la figura de cobranza delegada, que, de acuerdo con la organización, no es más que responsabilizar al patrón por el cobro del crédito otorgado por una institución financiera.

“En el crédito de nómina el trabajador mantiene una relación con el acreedor, que puede ser un banco, para el pago de su crédito, es una relación de dos… Lo que se propone es que el patrón sea parte de esa relación contractual del crédito y ahora estaría el acreditante, el  acreditado y el patrón”, detalló Carbajal en entrevista.

La organización acusó que, con la reforma, el patrón podría responder por el acreditado, con riesgo de ser embargado, sin necesidad de un juicio mercantil de por medio.

“Es una reforma inconstitucional. El salario y las pensiones por disposición de la ley son inembargables, solamente pueden ser objeto de embargo a través de un juicio y una orden judicial”, dijo.

Otro de los puntos de la iniciativa que inquietan a El Barzón en Veracruz, es que se establecería como fuentes de pago del crédito el salario devengado, percepciones extraordinarias de carácter laboral, la pensión o renta vitalicia, honorarios o cualquier contraprestación que derive de una relación comercial.

“Las pensiones jubilatorias son intocables, pero con esta iniciativa, tanto el salario como las jubilaciones, sí podrán ser tocadas por esto. Esto va contra todo tipo de percepciones extraordinarias de carácter laboral, indemnizaciones, pensiones, rentas, honorarios e incluso otro ingreso extra que se deposite a tu cuenta”, dijo Carbajal. 

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), a junio del 2020 la cartera de créditos de nómina estaba conformada por 4.8 millones de créditos, con un saldo de 256,100 millones de pesos. En caso de aprobarse la iniciativa en la Cámara de Diputados, estas reglas aplicarían para préstamos nuevos, así como en casos de refinanciamientos.

Para El Barzón en Veracruz, esta iniciativa busca adjudicar los procesos legales al acreditado en caso de un abuso por parte de las instituciones financieras, cuando en la actualidad esto es competencia de la entidad que otorga el crédito cuando no recibe el pago del financiamiento correspondiente.

“Se obligaría a los trabajadores a demandar a su acreedor en caso de inconformidad ante algún abuso o atropello a sus derechos, con las consabidas consecuencias que un proceso implica para el deudor, en costos, tiempo, movilidad”, destacó la organización.

Para Carbajal, el préstamo de nómina, al menos en Veracruz, ha sido un negocio predatorio que ha propiciado el sobreendeudamiento, usura y atropellos a los derechos humanos.

“Esta propuesta viene del gobierno, que está endosándonos a los trabajadores, para pagarles a los bancos y nomineras financieras las pérdidas por la pandemia”, acotó la representante de El Barzón Veracruz.

La iniciativa de reforma es una conjunción de proyectos de los senadores Pedro Miguel Haces Barba, Miguel Ángel Navarro Quintero y Casimiro Méndez Ortiz, todos del grupo parlamentario de Morena.

fernando.gutierrez@eleconomista.mx