El abogado de Rodrigo Rato, Ignacio Ayala, pidió la libre absolución de su defendido y acusó a la Fiscalía Anticorrupción de “vulneración de derechos fundamentales”, después de que el Ministerio Público ampliara su acusación inicial e incluyera el delito de falsedad de documentos.

El martes desfilaron una a una las defensas de los acusados por la fiscal anticorrupción Carmen Launa en el juicio que investiga irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia en julio del 2011, que la semana pasada se elevaron de cuatro personas a 15.

El proceso, que se celebra desde noviembre del año pasado en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), está ya en su recta final, quedando suspendido hasta el próximo mes de septiembre para proceder a la lectura de los informes y un posible turno de palabra de los acusados para, posteriormente, quedar visto para sentencia.

Igualmente, el abogado del exconsejero de BFA y exministro de Administraciones Públicas, Justicia e Interior, Ángel Acebes, también denunció a la fiscalía por “fraude procesal”, asegurando que “no existen” los hechos que configuran elementos subjetivos y objetivos del tipo delictivo por falsedad contable y que se eliminan todas las garantías del principio acusatorio al introducir hechos nuevos.

De su lado, la defensa del exinterventor de Bankia Sergio Durá también apuntó a la “vulneración de derechos” ante la modificación “sustancial” de los hechos, que considera que “no se puede hacer”.

El resto de abogados de acusados, como los de Araceli Mora, Francisco Javier López Madrid, Francisco Verdú Pons, Ricardo Romero de Tejada, Ildefondo Sánchez Barcoj o Francisco Celma, pidió la libre absolución de sus representados, mientras que se reservaron el trámite de informes elevando sus conclusiones con el relato de los hechos de lo ocurrido en el plenario.

Ampliación de la acusación

En un principio, la fiscalía sólo acusaba por un delito de estafa a inversores al expresidente de Bankia Rodrigo Rato, al exvicepresidente José Luis Olivas, al exconsejero de Bankia José Manuel Fernández Norniella, y al exconsejero delegado Francisco Verdú Pons.

Sin embargo, tras ocho meses de procedimiento y en vista de las nuevas pruebas documentales aportadas, la fiscal Carmen Launa consideró que ya quedó acreditado que, además de dicho delito, se cometió otro de falsedad contable, por lo que amplió su acusación a 11 personas más.

Para Rato solicita ocho años y medio de prisión (cinco y medio por estafa y tres por falsedad contable), para Olivas pide cinco años por estafa, para Norniella seis años (cuatro por estafa y dos por falsedad contable) y para Verdú Pons reclama un año y medio de prisión por falsedad contable.

Asimismo, por ser “cooperadores necesarios” del delito de estafa a inversores, solicita dos años de cárcel para el socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, y dos años y medio para el exdirector general financiero y de riesgos de Caja Madrid y de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj.

Además de los mencionados, la fiscalía pide condenas de dos años cada uno por falsedad contable al exinterventor de Bankia Sergio Durá y al exdirector de Auditoría Interna de Bankia Miguel Ángel Soria Navarro.

El Ministerio Público también pide para la exconsejera Merdeces Rojo Izquierdo, a la que inicialmente dio por fallecida, y para los exconsejeros Araceli Mora (Bankia), Pedro Bedía (BFA), Remigio Pellicer (BFA) y José Rafael García Fuster (BFA) un año de cárcel, sustituible por multa, una sanción de seis meses con cuota diaria de 200 euros con responsabilidad penal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria durante el tiempo de la condena.

Alternativamente, el escrito señala que la condena puede ser de seis meses de prisión, sustituible por multa.

Para los exconsejeros Ángel Acebes y Alberto Ibáñez la pena que pide es de un año y medio de prisión, al considerar que tenían mayor responsabilidad por su condición de presidentes de los comités de auditoría de BFA y Bankia, respectivamente. En el caso de tratarse de delito en grado de tentativa, reclama para ellos nueve meses de cárcel.