En las últimas semanas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, hubo una intensa y acalorada discusión sobre las 500 reservas presentadas al Decreto enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 8 de septiembre y que modifica, entre otras Leyes, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y el Código Fiscal de la Federación (CFF) la cual fue aprobada el pasado 26 de octubre de 2021 por el Congreso de la Unión.

Las reformas aprobadas y que entrarán en vigor, en su mayoría, a partir del 1 de enero de 2022, por lo que se refiere a la materia de Precios de Transferencia, representan las modificaciones más importantes desde 2012 (Legislación Local) y desde los cambios estructurales en la legislación fiscal a partir de 2015 por causa del efecto BEPS (Base Imponible y Traslado de Beneficios, por sus siglas en ingles).

Algunos de los cambios planteados únicamente dejan por escrito supuestos que estaban sujetos a interpretación y que, muchos de ellos, la autoridad fiscal buscaba aplicarlos dentro de sus facultades de comprobación, algunos de ellos fueron incluso puestos en la página del SAT como preguntas y respuestas frecuentes, y algunos otros han llegado hasta tribunales. A consideración del Comité Técnico Nacional de Precios de Transferencia del IMEF, algunas de estas reformas incrementan la carga administrativa para los contribuyentes, sobre todo en el caso de operaciones entre partes relacionadas nacionales, al mismo tiempo que persiguen el pago correcto y oportuno de las contribuciones.

Específicamente se plantean los siguientes cambios, entre otros:

  • Se modifica el plazo de la presentación de las Declaraciones Informativas al 15 de mayo del ejercicio inmediato posterior: Reporte Local y Anexo 9 DIM.
  • Se homologan todas las obligaciones en materia de Precios de Transferencia para partes relacionadas nacionales, partes relacionadas extranjeras y personas físicas.
  • Los grandes contribuyentes que estarán obligados a presentar Dictamen Fiscal a partir del ejercicio fiscal 2022, sus partes relacionadas estarán obligadas al ISSIF y todo el grupo a presentar un Reporte Local ante la autoridad el 15 de mayo del ejercicio fiscal posterior. (15 de mayo del 2023).
  • Se deberá incluir en los reportes de precios de transferencia y reportes locales el análisis de comparabilidad (Funciones realizadas, activos utilizados y riesgos asumidos) tanto del contribuyente como de su parte relacionada que sea contraparte.
  • Se elimina el concepto “Métodos Estadísticos” y se establece el Método Intercuartil como único Método para definir un rango de valores de mercado.
  • Las operaciones comparables de una transacción deberán corresponder con el ejercicio sujeto a análisis.
  • Las reestructuras de negocios o reestructuras corporativas deberán de contar con razón de negocios.
  • Se da mayor fuerza a que, en caso de que la autoridad tributaria ejerza sus facultades de comprobación (Auditoría de PT) a un contribuyente, podrá proponer comparables secretos.
  • Se elimina la opción de solicitar un Acuerdo Anticipado de Precios de Transferencia (APA, por sus siglas en ingles) para la industria maquiladora.

Dentro del Comité Técnico Nacional de Precios de Transferencia del IMEF hemos evaluado el impacto de cada una de estas modificaciones y consideramos que los cambios, tanto a la LISR como al CFF, generarán complicaciones, sobre todo para compañías medianas y pequeñas, en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Se considera que de no hacer modificaciones en las reglas de carácter general, donde se estipule o acorte el espectro de contribuyentes que actualmente quedan, con esta reforma, obligados a la presentación del anexo 9 DIM (operaciones entre partes relacionadas nacionales) y Declaraciones Locales (por la obligación de presentar Dictamen Fiscal una de las empresas del Grupo, todas las demás empresas del mismo grupo estarían obligadas a la presentación de esta Declaración,  la cantidad de horas que se tendrán que invertir (Los contribuyentes o los asesores que las elaboren), será una carga excesiva, adicional a las sanciones por no presentar o presentar con errores u omisiones estas declaraciones que son de hasta $172,000.00 en el caso del anexo 9 y de hasta $245,570.00 por la Declaración Local.

También hay gran preocupación dentro de la Industria Maquiladora por la eliminación de la opción de negociar con las autoridades fiscales un APA, ya que se elimina la opción de requerir un Acuerdo de Precios Anticipado del artículo 182 de la LISR para dar cumplimiento a los requerimientos de precios de transferencia de acuerdo con lo establecido en los artículos 179 y 180 de la LISR.

Con esta nueva propuesta de modificación, queda únicamente la opción de apegarse al Safe Harbor en la cual las empresas maquiladoras deberán calcular su utilidad fiscal como la cantidad mayor que resulte de aplicar el 6.9% sobre el valor de los activos utilizados en la operación de maquila y el 6.5% sobre el monto total de los costos y gastos de esta, independientemente de las particularidades de la industria en la que las maquiladoras participen y de su intensidad de uso del capital, lo que supone un incremento en el pago del Impuesto sobre la Renta de este tipo de compañías.

*El autor es Integrante del Comité Técnico Nacional de Precios de Transferencia del IMEF.

aespino@bakertilly.mx