Madrugan al PJF y reintegran a la Tesofe 10,000 mdp

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que Nacional Financiera (Nafin) transfirió a la Tesorería de la Federación 10,000 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial.

El órgano del Poder Judicial federal confirmó que dicha acción fue totalmente sin su consentimiento.

“Lo anterior, sin que el CJF, en su carácter de fideicomitente, de manera previa fuera consultado al respecto, y sin que hubiera girado instrucción alguna a Nafin para la transferencia de los recursos atendiendo a las propias cláusulas del Contrato”, expresó.

Mediante una tarjeta informativa, detalló que el CJF ha emprendido medidas de conciliación y ya se analiza la estrategia legal procedente.

Compensación

Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) reclamó, en voz de Juana Fuentes, directora nacional de la organización, el pago extraordinario a jueces que renunciaron derivado de la elección judicial.

Mediante un comunicado, la Jufed explicó que el pago se debió realizar en diciembre del 2024, y recordó que lo anterior se encuentra plasmado en la reforma al Poder Judicial federal.

Bajo este contexto, aseveró que lo anterior es una nueva violación de derechos y señaló que el Estado Mexicano por conducto de sus instituciones, entre ellas este Consejo de la Judicatura Federal, ha incumplido con el pago extraordinario a los juzgadores que ya se han separado.

“En el diverso oficio SEPLE./4/PLE./002/5250/2024, se determinaron los supuestos de procedencia del pago contemplado en el artículo Décimo Transitorio de la Reforma Constitucional al Poder Judicial; a partir de dicho acto del Pleno del CJF, se obligó a las personas juzgadoras federales a concluir involuntariamente la función jurisdiccional en forma anticipada”, abundó la asociación.

La Jufed también explicó que el pago extraordinario, que no cumple con los parámetros internacionales establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representa la posibilidad de que las y los juzgadores removidos sean parcialmente resarcidos con una percepción que les permita mantener un nivel de vida digno al término de la función.

“Por otra parte, debe tomarse en cuenta que la propia reforma judicial limita las posibilidades de ingresos de las personas titulares removidas ya que están impedidas para ejercer profesionalmente en el Circuito Judicial en el que estuvieron adscritas durante los 2 años posteriores al término del encargo”, recordó.