Lina Muñoz: los conflictos ambientales se desactivan desde la escala de grises

La justicia ambiental es una herramienta para desescalar conflictos ambientales y trabajar sobre intereses comunes de partes confrontadas, plantea Lina Muñoz Ávila supervisora de la clínica jurídica Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario en Bogotá.

En entrevista, la abogada colombiana explica que en muchas ocasiones la posibilidad de desescalar un conflicto relacionado con el medio ambiente está fuera del derecho.

“Lo que se requiere es enfocarnos en el diálogo, partiendo de lo que nos une y no de lo que nos diferencia. Mirar los intereses que tenemos en común y a partir de ello construir soluciones”, describe.

En opinión de la académica experta en asuntos ambientales, lo difícil es abordar los conflictos cuando sólo se ven en blanco y negro y no nos detenemos a entender qué es lo que mueve al otro y cuáles son sus posiciones.

Por ello, una enorme cantidad de conflictos terminan judicializados, con proyectos económicos o de cualquier otro tipo detenidos y derechos vulnerados, añade.

Dice que el derecho puede ser más una herramienta para prevenir conflictividad ambiental.

En ese contexto, destaca el trabajo que realizan desde hace varios años las clínicas jurídicas ambientales, la mayoría impulsadas desde universidades.

Actualmente hay al menos 35 clínicas en 10 países, entre ellas dos que forman parte de organizaciones civiles, las cuales forman parte de la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de América Latina y el Caribe, fundada hace siete años en Perú.

Según la especialista, lo relevante de esos espacios es que articulan esfuerzos desde distintas disciplinas para la solución de conflictos relacionados con los ecosistemas y quienes los habitan.

Realizan intervenciones en casos reales mediante acciones de litigio estratégico, fortalecimiento de políticas públicas y justicia climática basadas en comunidades.

Lo valioso es la articulación del conocimiento del derecho y otras disciplinas con el fin de desescalar conflictos.

Padecemos una profunda crisis ambiental, subraya

Por otra parte, subraya que hay un consenso mundial sobra la profunda crisis ambiental que enfrenta el planeta y que pasa por tres problemas graves: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

Llama la atención sobre lo que ocurre en América Latina, particularmente en países como México, Colombia y Brasil que tienen una enorme riqueza en materia de biodiversidad pero que también enfrentan una grave situación en materia de derechos humanos relacionada con problemas medioambientales.

“Somos la región del mundo en donde más asesinan a personas por defender al medio ambiente”, menciona.

Desde su perspectiva, lo que explica esa situación son una serie de factores como la desigualdad social, pobreza, patrones de violencia generados por diferentes agentes como delincuencia organizada, guerrillas, entre varios más.

Lo relevante, indica, es que hay muchas dinámicas criminales vinculadas a la gestión de los recursos naturales.

Además, en muchas ocasiones esos problemas ocurren en comunidades apartadas, donde los defensores o personas que tienen como causa cuidar el medio ambiente carecen de protección suficiente debido a la limitada presencia del Estado.

“Ante esa situación, las facultades de derecho somos conscientes que tenemos la responsabilidad de formar nuevos abogados interesados en el derecho ambiental y que además lo utilicen como una herramienta de transformación social para que el derecho sea útil”.

En ese sentido, la académica comparte que en varias casas de estudios de la región existe el interés de que las facultades de derecho se conviertan en espacios de formación de profesionales comprometidos con el medio ambiente que se conviertan en sujetos de transformación social.

Pone como ejemplo un caso éxito de esas iniciativas la intervención realizada por la clínica de la cual forma parte en el archipiélago de San Andrés donde se pretendía ejecutar un proyecto turístico sin considerar los lineamientos en materia de ordenamiento territorial.

Mediante trabajo de acompañamiento se realizó una consulta a las comunidades y se logró construir consensos, garantizando la construcción en consonancia con las necesidades de adaptación al cambio climático.

Para Lina Muñoz se trata de un trabajo probado que ahora busca robustecer alianzas estratégicas entre clínicas jurídicas ambientales de América Latina y el Caribe con un objetivo claro: articular voluntades y conocimiento para desescalar conflictos, usando el derecho, sin que ello implique necesariamente judicializar los problemas.