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Política

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Grupo Salinas cuestiona forma en que UIF pide a la SCJN no validar amparo que le concedió un juez

La acción confirma que en ese organismo federal están dispuestos a usar, sin pudor y de manera facciosa, todas las herramientas que tiene disponibles en el Estado para que Morena pueda perseguir y amedrentar a críticos del gobierno, expone

El Gobierno está a espera de que la Segunda Sala discuta y elimine una jurisprudencia del 2018 respecto a la Lista de Personas Bloqueadas.

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Foto EE: Archivo

Grupo Salinas criticó la forma en la que la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, planteó lo que a su juicio implicaría, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve validar un amparo concedido por un juez al empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego.

El pasado 4 de julio de 2022, el juez federal décimo sexto administrativo en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, otorgó amparo a Salinas Pliego, ante la intención de la UIF de obtener datos de sus actividades financieras.

Según la UIF su intención responde a parte de sus funciones, “tendientes a proteger al sistema financiero y la economía nacional", pero, “el juez Regis determinó que la información que por ley deben entregar los sujetos obligados (instituciones financieras del país) a la UIF, no podrá ser utilizada nunca en ningún caso ni bajo motivo alguno, ni aún para la presentación de denuncias por la posible comisión de delitos”.

Ante esa situación, el 9 de marzo de 2023, el organismo federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la revisión del amparo y la Segunda Sala de la Corte admitió atraer el asunto.

En su comunicado, la UIF plantea: “Sería un funesto precedente y un acto de claro favoritismo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación convalidara el amparo concedido por el juez décimo sexto de distrito, Gabriel Regis López, quien evidentemente pretende una vez más golpear la capacidad de nuestro país para prevenir, evitar y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

También señala: “Sustraer a una sola persona de la aplicación de leyes, la ubica por encima de todo un país al otorgarle capacidad definitiva y permanente para eludir la aplicación de la legislación en materia de lavado de dinero y otros ilícitos relacionados, ya que su información financiera personal no podría usarse en procedimiento penal o civil alguno, dentro y fuera del país, para siempre”.

En respuesta, Grupo Salinas emitió un comunicado este viernes 14 de marzo, en el que considera que la comunicación de la UIF, cuyo titular es Pablo Gómez, es una clara violación al principio democrático de división de poderes. “Ahora también quieren someter a jueces, magistrados y ministros que, de forma valiente, hacen frente y no conceden a sus caprichos ilegales e ilegítimos”.

Afirma que la acción de la UIF confirma que en ese organismo federal están dispuestos a usar, sin pudor y de manera facciosa, todas las herramientas que tiene disponibles en el Estado para que Morena pueda perseguir y amedrentar a ciudadanos defensores de la libertad y críticos del gobierno y no para investigar a los verdaderos criminales, que están en total impunidad.

Acusa a la UIF de perseguir detractores y asegura que todas las acciones de esa instancia de las que se defiende el grupo empresarial “son abiertamente ilegales e inconstitucionales” y “son solo excusas para perseguir a los que ellos consideran sus enemigos”.

Indica que” aunque no les guste, todos los mexicanos debemos cumplir con la Constitución y la ley, incluida la propia UIF, los militantes de Morena y hasta la señora (Lenia) Batres, aunque ella no lo sepa”.

rrg

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Periodista mexicano, originario de Amealco, Hidalgo. Editor del suplemento Los Políticos de El Economista. Estudié Sociología Política en la Universidad Autónoma Metropolitana. En tres ocasiones he ganado el Premio Nacional de Periodismo La Pluma de Plata que entrega el gobierno federal. También fui reconocido con el Premio Canadá a Voces que otorga la Comisión Canadiense de Turismo, así como otros que otorgan los gobiernos de Estados Unidos y Perú.

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