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Exjuzgadores confían en recibir indemnización
Marlen Ángeles Tovar y Marhéc Delgado Padilla, juezas cesadas en sus funciones tras 22 y 20 años de servicio por declinar contender en las urnas en la pasada elección judicial y renunciar a mantenerse en el cargo hasta 2027, respectivamente, dijeron tener confianza en que serán indemnizadas al igual que aproximadamente 800 juzgadores en su misma situación.

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Marlen Ángeles Tovar y Marhéc Delgado Padilla, juezas cesadas en sus funciones tras 22 y 20 años de servicio por declinar contender en las urnas en la pasada elección judicial y renunciar a mantenerse en el cargo hasta 2027, respectivamente, dijeron tener confianza en que serán indemnizadas al igual que aproximadamente 800 juzgadores en su misma situación, como ordena la Constitución y porque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció ayer que así se hará porque se trata de derechos laborales.
“La verdad, nosotros, después de estar sin nada claro, empezamos a ver un poco de luz. Tenemos confianza porque partimos de la buena fe", afirmó Ángeles Tovar, extitular del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa.
Delgado Padilla, extitular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mercantil Federal en Tabasco, con residencia en VIllahermosa, expresó: “La presidenta cambió hoy (ayer) su narrativa, no sé si a raíz de las protestas y presiones que hemos ejercido al Órgano de Administración Judicial (OAJ). “Hoy ya fue contundente en decir que sí se va a realizar ese pago. Con lo que dijo hoy, adopto, de buena fe, la posición de creerle a partir de hoy".
Y es que, a pregunta expresa sobre si ya está autorizado el presupuesto para pagar indemnizaciones a los extrabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), la mandataria mexicana respondió que sí.
“Son cerca de 6,000 millones de pesos, que siempre dijimos que no le iba a faltar recurso al Poder Judicial. Lo sé porque hace dos días me lo presentó la subsecretaria de Egresos. Y eso proviene todavía de los fideicomisos que tenía la Corte. Y no le va a faltar su derecho; no vamos a faltar al derecho laboral, lo que nos corresponde a nosotros en términos de los recursos para poder liquidar a todos los trabajadores como lo dice la ley’’, informó durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.
Entrevistadas por separado, las dos juezas aseguraron que no han calculado el monto de lo que les corresponde por pago de indemnización.
“¿Cuánto me toca?, no sé. Para mí, lo que sea es bueno… A mí que me paguen lo que sea y ya", dijo Ángeles Tovar, quien formó parte de la comisión de exjuzgadores de Distrito y exmagistrados de Circuito que fue recibida el pasado miércoles por los cinco magistrados que integran el OAJ, tras la protesta realizada frente a la sede de la institución.
“Nos explicaron que no sólo es para pagar indemnizaciones porque deben pagos retroactivos a trabajadores, aguinaldos y que necesitan también para gasto corriente porque con las visitas que han hecho ya se dieron cuenta que hay muchas necesidades en los órganos de administración…", comentó y reconoció que, como se comprometieron los magistrados, el OAJ emitió un comunicado oficial.
“Los cinco integrantes del OAJ afirmaron que sí nos van a pagar. En su comunicado reconocen que tienen un mandato constitucional. El presidente del OAJ lo dijo, que el Estado mexicano tiene el mandato de cubrir los pagos. Yo tengo esperanza… La presidenta de la República ya dijo que sí van a cumplir".
El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJF, que representa a menos de 2,000 de los 34,000 trabajadores judiciales sindicalizados, la mayoría agrupados en el Sindicato de Trabajadores del PJF, anunció para hoy “la suspensión total de labores de brazos caídos en los órganos jurisdiccionales de todo el país".
Ello, en protesta por “la grave carencia de insumos esenciales para el desempeño de las funciones jurisdiccionales, tales como impresoras, hojas, papelería y el suministro del líquido vital (agua), servicio de comedores, sustitución de las plazas de los puestos que fueron desocupados por los funcionarios que fueron electos por voto popular; el cese al despido masivo a servidores públicos, así como la falta de cumplimiento en el incremento salarial anual; el pago del aumento retroactivo correspondiente al mismo, cuya entrega ha sido reiteradamente comprometida por el OAJ sin resultados a la fecha".

