Buscan elevar a política de Estado lucha vs corrupción

La titular del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez, presentó una propuesta de reforma estructurada en 15 líneas estratégicas, cuyo eje central, dijo, es transformar la política anticorrupción en una política de Estado transversal.

Entre los planteamientos, presentados en la Cámara de Diputados, la cual inició consultas con expertos en la materia, ayer, para la construcción de una iniciativa, destacó el rediseño de la Política Nacional Anticorrupción con metas claras, indicadores medibles y evaluaciones externas periódicas; el fortalecimiento del Comité de Participación Ciudadana mediante procesos de nombramiento más transparentes y cargos de tiempo completo; así como el reforzamiento de la Plataforma Digital Nacional como herramienta clave de inteligencia anticorrupción y control del uso de recursos públicos.

La propuesta también contempla sanciones para autoridades que incumplan sus obligaciones, un enfoque transversal de derechos humanos y género, la protección efectiva de personas denunciantes y mecanismos para la recuperación de activos desviados por actos de corrupción.

Pérez subrayó que no basta con encarcelar a responsables si no se garantiza la reparación del daño y el retorno de los recursos públicos a áreas como salud, alimentación o servicios básicos.

Fenómeno estructural

Por otro lado, afirmó que la corrupción en México dejó de ser un problema meramente administrativo o ético para convertirse en un fenómeno estructural que fortalece la impunidad, debilita al Estado de derecho y facilita la operación de grupos criminales.

Señaló que casos como el huachicol, Odebrecht o Segalmex evidencian una corrupción sistémica que permea distintos niveles de gobierno, sectores políticos y económicos, y que incluso afecta áreas clave como la seguridad, la justicia y los procesos electorales, con impactos directos en la estabilidad democrática y económica del país.

Por su parte, Jacobo Pastor García, especialista en integridad y políticas de adquisiciones en la OCDE, afirmó que existe un consenso sobre la necesidad de fortalecer al SNA ante su carácter reactivo y la pérdida de dinamismo que ha mostrado en distintos momentos.

“Hemos visto que en ocasiones el sistema pierde dinamismo, es muy reactivo en lugar de ser propositivo”, señaló.

El especialista advirtió sobre los altos costos de la corrupción y su impacto estructural en el desarrollo. “Se habla, por ejemplo, en algunos estudios del 2% del PIB, solo en términos de los sobornos. Otros estudios hablan entre 5 y 10% del PIB”, afirmó, al tiempo que enfatizó que, más allá de la magnitud exacta, “esa magnitud es significativa”.

“A mayor percepción de corrupción tiende a haber una menor recaudación de impuestos”, explicó, y agregó que este fenómeno afecta la confianza ciudadana y la capacidad del Estado para reducir desigualdades.