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Avalan Diputados penas de hasta 42 años por extorsión
Aquellos servidores públicos o autoridad penitenciaria que facilite medios para que se cometa el delito de extorsión la sanción será de 18 a 30 años de cárcel.
De los 500 diputados que conforman la Cámara, 450 votaron a favor del decreto y 50 estuvieron ausentes. Foto: Cuartoscuro
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general por unanimidad —450 votos de los presentes; hubo 50 ausentes— el decreto, devuelto por el Senado con cambios de fondo, por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, y reforman el Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que fue remitido al Ejecutivo Federal para su eventual promulgación y vigencia.
La Cámara Baja se allanó a los 20 cambios a 15 artículos de la nueva ley y la adición de un artículo transitorio, realizados por la Cámara Alta en su calidad de cámara revisora para aumentar las penas a extorsionadores.
A quien emplee cualquier medio para impedir la denuncia extorsiva, o la extorsión se realice ocasionando daños en las instalaciones de comercios, negocios o bienes en propiedad o posesión de la víctima, haga uso de violencia física o moral para exigir el cobro de un daño, derivado de un hecho de tránsito provocado de manera intencional (monta-choques), o se ostente como miembro de un grupo criminal, sea real o simulado, entre otras agravantes, se aplicará una sanción de hasta 42 años de prisión, la pena más alta que establece la nueva ley.
El artículo 15 de la citada ley prevé imponer de 15 a 25 años de prisión y una multa de 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), “A quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico”.
El servidor público que se abstenga de realizar la denuncia y que tenga funciones de prevención, investigación y persecución del delito, procuración e impartición de justicia o custodia en los centros penitenciarios será sancionado con penas de 10 a 20 años de prisión y multa de 200 a 400 veces la UMA, y si se trata de servidora pública, o autoridad penitenciaria que facilite medios para que se cometa el delito de extorsión la sanción será de 18 a 30 años de cárcel.
Se aplicarán de 6 a 12 años de prisión y multa de 120 a 240 veces la UMA a quien sin autorización ingrese a un Centro de Readaptación Social algún dispositivo electrónico o componentes que permita la transmisión de datos o internet, entre otros, o la persona privada de su libertad en los reclusorios tenga dispositivos electrónicos.
