Abiertas, 32 indagatorias por extracción del Mayo

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva línea de investigación sobre la presunta participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el secuestro y traslado de Ismael el Mayo Zambada a Estados Unidos, al tiempo que envió una nueva solicitud formal de asistencia jurídica al Departamento de Justicia estadounidense para esclarecer el operativo.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos afirmó que la reciente información difundida sobre una posible intervención directa del FBI obliga a ampliar las investigaciones ya que, de confirmarse, podrían configurar violaciones a la soberanía nacional, al derecho mexicano y al derecho internacional.

El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), Raúl Armando Jiménez Vázquez, informó que este martes, 7 de julio, la FGR remitió una nueva solicitud de asistencia jurídica internacional al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Además, detalló que el objetivo es obtener información sobre la posible participación de agentes del FBI en la planeación, organización, captura, traslado y eventual encubrimiento del operativo que culminó con la detención de Zambada.

Sin embargo, precisó que, por las disposiciones del tratado bilateral de asistencia jurídica entre México y Estados Unidos, la fiscalía no podía revelar el contenido específico de la petición.

Jiménez recordó que desde agosto de 2024 la FGR presentó una primera solicitud con 11 requerimientos de información. Sin embargo, señaló que las autoridades estadounidenses únicamente respondieron seis de ellos, por lo que cinco puntos permanecen pendientes.

Ante ello, dijo, la fiscalía ha enviado 16 oficios recordatorios al Departamento de Justicia para insistir en la entrega de la información faltante, la cual calificó como indispensable para integrar las carpetas de investigación.

Por su parte, Godoy aseguró que la información proporcionada por Estados Unidos hasta ahora ha sido "parcial e insuficiente".

Investigaciones

La fiscal informó que desde julio de 2024 la FGR ha integrado carpetas de investigación relacionadas con el caso, que abarcan delitos como el homicidio de Héctor Cuén, el secuestro de Ismael Zambada, la desaparición de dos de sus escoltas y posibles actos de obstrucción de la justicia.

La FGR indicó que en total por los hechos la FGR cuenta con 32 investigaciones en contra de Ismael Zambada de las cuales se tienen órdenes de aprehensión vigentes.

Detalló que se han realizado 153 entrevistas, 1,288 informes, 124 dictámenes periciales y diversas solicitudes de cooperación internacional.

Asimismo, indicó que las investigaciones permitieron identificar el sitio donde presuntamente ocurrió el secuestro, la pista clandestina desde donde despegó la aeronave, el aeropuerto donde aterrizó en Estados Unidos y al piloto que la condujo, cuya identidad fue establecida mediante peritajes de audio.

David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), explicó que el piloto fue deportado posteriormente a México, continuó operando y fue detenido por portación de armas antes de ser entregado nuevamente al gobierno estadounidense conforme a la Ley de Seguridad Nacional.

Indagatoria contra embajador

Respecto al entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien aseguró públicamente que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo, los representantes de la Fiscalía General de la República sostuvo que existen posibles responsabilidades derivadas de dichas declaraciones, aunque se solicitó distinguir entre el ámbito diplomático y el penal.

Por su parte, Raúl Jiménez explicó que la conducta atribuida al exembajador constituiría una violación al principio de buena fe que rige las relaciones internacionales y a diversas disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

No obstante, aclaró que Ken Salazar no puede ser sujeto de una investigación penal por esos hechos, debido a la inmunidad diplomática que protege a los embajadores en el ejercicio de sus funciones.

Precisó que las eventuales consecuencias corresponderían exclusivamente al ámbito del derecho internacional y de la responsabilidad diplomática del Estado que representó, no a un proceso penal en México.

Además, subrayó que el señalamiento contra el exdiplomático se limita a haber proporcionado información presuntamente falsa y no implica que la fiscalía lo considere partícipe o corresponsable del operativo atribuido al FBI.