El éxito del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) dependerá de la voluntad política del gobierno actual y la administración futura para garantizar que cuente con los recursos e independencia necesarios para realizar la tarea, concluye la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus iniciales en inglés) en su más reciente informe.

En el documento titulado “El Sistema Nacional Anticorrupción de México: Una oportunidad histórica en la lucha contra la corrupción”, la organización no gubernamental con sede en Estados Unidos exhibe que debido al arraigo de la corrupción en múltiples facetas del sistema político mexicano, y los riesgos reales que enfrentan funcionarios públicos que se niegan a aceptar sobornos o actuar en colusión con grupos criminales, reducir la corrupción en México no será tarea fácil.

Sin embargo, Maureen Meyer y Gina Hinojosa —autoras del texto— advirtieron que no actuar sólo logrará que continúe prevaleciendo la corrupción en el país y hará poco para mitigar problemas como la delincuencia, la violencia, los problemas de derechos humanos y la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.

Las investigadoras expusieron que el SNA representa un primer paso importante; sin embargo, no será eficaz a menos que exista una clara comunicación y coordinación entre todas las instituciones involucradas; también que se permita el avance de las investigaciones serias sobre casos de corrupción.

La organización defensora sugiere que los miembros del Comité de Participación Ciudadana deberán ser incluidos en las discusiones clave sobre casos de corrupción, y se les debería proporcionar información acerca del avance de las investigaciones.

También para WOLA, el presidente y Senado de la República deberían tomar medidas para cubrir los casi 24 cargos vacantes que son necesarios para la plena implementación y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

Estos cargos incluyen el del primer fiscal general a cargo de la nueva Fiscalía General de la República, así como 18 jueces anticorrupción y un fiscal especial anticorrupción. A sugerencia de la institución, los candidatos a estos puestos deberían ser electos mediante un proceso transparente que establezca altos estándares de independencia e imparcialidad.

Asimismo, Meyer e Hinojosa apuntaron que la corrupción generalizada será un tema clave cuando los mexicanos acudan a las urnas el próximo julio. Ello, en un contexto en el que 14 gobernadores han sido investigados por corrupción.