Hasta el momento está pendiente “una estrategia de prevención y educación para el uso responsable de la mariguana; sin embargo, el dictamen para legalizar el cannabis avanza en el Senado de la República.

La semana pasada la Cámara Alta difundió el predictamen de la Ley para la Regulación de Cannabis, el cual contempla la creación del Instituto del Cannabis para la Pacificación y Reconciliación del Pueblo, que se prevé se mantenga adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob).

De acuerdo con el documento, la regulación legal del uso del cannabis y sus derivados sería bajo el enfoque de salud pública, derechos humanos y desarrollo sostenible, así como para reducir la incidencia delictiva vinculada con el narcotráfico.

La ley autorizaría que el consumo fuera con fines lúdicos, personales, médicos e industriales y se prohibiría que las personas menores de 18 años tuvieran acceso al cannabis para uso recreativo.

La senadora y presidenta de la Comisión de Juventud, Lucía Meza (Morena), expresó a El Economista que de manera particular está de acuerdo con su legalización para el uso medicinal, pero no para cuestiones lúdicas.

“Estoy convencida de que el uso recreativo tiene impactos muy fuertes, sobre todo en las y los jóvenes, ya que la mayoría de las personas que lo consume empieza a hacerlo tanto en la secundaria como en la educación superior. Considero que se debería legalizar a los 21 años su uso lúdico”, opinó la legisladora de Morena.

Meza Guzmán indicó que si bien la Suprema Corte fijó al Congreso que se tiene hasta la última semana de octubre para reglamentar el uso recreativo de la mariguana, el predictamen aún debe mejorarse.

“El predictamen tiene muchos resquicios y un tema que se debe atender es que si el Estado va a captar entre 1 millón y 2 millones de dólares, que es lo que gana el crimen organizado en el mercado negro por la venta de mariguana, se debe aclarar a dónde se van a destinar esos recursos”.

Por su parte, la directora general de CannabiSalud, Lorena Beltrán, opinó que México se encuentra preparado para la legalización del cannabis para todos sus usos.

“La falla es que el gobierno no invierte en educación, porque si bien se inició una campaña contra las adicciones en las y los jóvenes, es algo muy superficial. Es hacer conciencia tanto para el gobierno como para las empresas privadas, quienes deberían destinar cierto porcentaje de las ganancias para campañas de consumo responsable”.

La también presidenta de la Asociación Mexicana de la Industria Regenerativa del Cannabis destacó la importancia de que la norma contemple las licencias otorgadas a campesinos que se dedican a la siembra de la planta y quienes —dijo— han sido los más afectados por el crimen organizado.

Violencia no disminuiría en automático

Despenalizar el consumo de drogas no necesariamente ayudará a erradicar el crimen organizado y la violencia; se debe analizar la delincuencia organizada como un fenómeno económico, por lo que las estrategias contra estos grupos deben enfocarse en el tema de sus finanzas, consideraron académicos y expertos en políticas sociales.

Durante el seminario “La regulación del cannabis y la política de drogas en México”, el doctor en Ciencias Penales y Política Criminal y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Pedro José Peñaloza, señaló que pese a que los estudios muestran que la violencia está asociada al tema del tráfico y el trasiego de drogas, en especial a la mariguana, los gobiernos de los últimos 18 años se han resistido a su despenalización.

“No podemos decir que si disminuimos o legalizamos el consumo de drogas automáticamente vamos a erradicar la violencia. Lo que va a pasar, en la hipótesis de la despenalización, es que habrá un desplazamiento de la criminalidad, es decir, una vez que se les quite el negocio, estos grupos delictivos no se van a dedicar a una actividad económica productiva, no van a abandonar la actividad criminal (...) Está comprobado que se desplazan a otras morfologías del crimen, robo de autos, secuestros”.

Por lo tanto, dijo, es equivocada la idea de que en automático habrá una disminución de la violencia si se despenaliza el consumo de drogas. “La economía del crimen nos muestra que el narcotráfico es un inciso de la delincuencia organizada y en consecuencia estamos en presencia de un fenómeno económico, por lo que no está en la órbita del derecho penal, sino estamos en presencia de la economía del crimen”, agregó.

El también abogado y economista consideró que el gobierno se enfrenta a un problema de tejido social, ya que los recientes hechos de violencia suscitados en Culiacán reflejan que hay un fuerte control territorial y de blindaje del Cártel de Sinaloa, característico también de otros grupos delincuenciales como la Familia Michoacana, sobre la población.

Con este planteamiento coincidió el investigador y maestro de derecho de la UNAM, Imer Flores Mendoza, quien aseveró que el problema del narcotráfico “está permeando en el tejido social más de lo que nos habíamos dado cuenta”.

“Antes podríamos decir que era una excepción. Preocupa que esto ya sea en extensiones muy grandes de territorio (...) y esto podría ser muestra de que el Estado está perdiendo el control territorial”. (Con información de Maritza Pérez)