La reforma constitucional en materia de transparencia, que ya fue aprobada por la mayoría de los congresos estatales, otorga una herramienta al gobierno federal para que pueda impugnar resoluciones del nuevo órgano cuando considere que está en peligro la seguridad nacional.

A través de una modificación al Artículo 6° se establecerá ahora en la Carta Magna que las resoluciones del organismo garante en materia de transparencia que sustituirá al actual IFAI son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.

Sin embargo, la redacción al Artículo constitucional incluye que la Consejería Jurídica del gobierno podrá interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo cuando dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional. Es decir, que los ministros tendrán la última palabra.

Los supuestos deberán estipularse en las reformas que realicen los diputados y los senadores en las leyes secundarias.

El pasado 26 de noviembre, el Congreso de la Unión aprobó una iniciativa con reformas a 10 artículos de la Constitución, que entre otras cuestiones define a los sujetos obligados a transparentar la información e incorpora a los órganos de transparencia federal y estatales al texto constitucional.

La nueva reforma añade que toda la información en poder de cualquier autoridad, entidad y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física o moral y sindicato que reciba recursos del erario, será pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y se añade ahora que por cuestiones de seguridad nacional .

Será la nueva ley que construyan los legisladores federales en la que también se establezca la información que se considerará reservada o confidencial.