En México, la tortura sexual es practicada casi sistemáticamente a mujeres que son detenidas por agentes del Estado, ya sean policías, elementos del Ejército o de la Marina, coincidieron organismos nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos.

Al participar en el foro Hacia la Erradicación de la Tortura Sexual a Mujeres en México, la relatora sobre Derechos de las Mujeres de la CIDH, Tracy Robinson, expresó que una de las mayores preocupaciones para este organismo principal de la Organización de Estados Americanos (OEA) es la es la práctica de la tortura en el país que no es sancionada.

Recordó que recientemente una delegación de la CIDH visitó México, en cuyo final expresó preocupación por la violencia sexual basada como una forma de tortura contra las mujeres detenidas.

Los desafíos principales en cuanto a una investigación adecuada es hacer responsables y castigar a los que estuvieron involucrados , dijo Robinson, y precisó que ello representa un reto también para el Sistema Interamericano. Otro de los desafíos importantes a los que nos enfrentamos es en el aseguramiento de que estas medidas sean efectivas para evitar que se repitan estos eventos , agregó.

En tanto, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, advirtió que la práctica de tortura persiste en el país y se agrava cuando se comete contra mujeres, adolescentes y niñas, utilizando la violencia sexual como un medio para obtener sus fines, llegando a configurar tortura sexual.

Alertó que la impunidad es una situación grave que prevalece en México y funge como círculo vicioso que genera condiciones para que los agresores continúen perpetrando violaciones graves a los derechos humanos.

En este marco, organizaciones de la sociedad civil que conforman la campaña Rompiendo el Silencio: Todas Juntas Contra la Tortura Sexual, como el Centro de Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, JASS, Asociados por lo Justo y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), denunciaron que la militarización de la seguridad pública en el país ha fomentado los casos de violencia sexual como forma de tortura por parte de las Fuerzas Armadas.

En el informe de agosto del 2012 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), se menciona la prevalencia de la violencia sexual hacia las mujeres en regiones donde el Ejército o los funcionarios encargados llevan a cabo operaciones contra la delincuencia organizada.