En los últimos seis años, el Estado ha hecho la reparación del daño en 126 casos de desaparición forzada de personas, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Sin especificar el monto de la reparación que en algunos casos ha merecido una disculpa pública del Estado mexicano la Segob informó que en 17 de los 126 casos hubo un pago económico.

Uno de los casos más emblemáticos que ya mereció la reparación del daño en el 2013, fue el caso de desaparición forzada que se cometió el 25 de agosto de 1974, cuando en un retén militar fue detenido el señor Rosendo Radilla Pacheco, quien fue visto por última vez en un cuartel militar y nunca más se supo de él.

Por otra parte, aunque el caso está clasificado como delito de desaparición forzada, debido a que estuvieron involucrados policías municipales, los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa se niegan a recibir algún tipo de compensación, hasta que se conozca el paradero definitivo de los estudiantes desaparecidos en septiembre del 2014.

En ese marco, el informe de Gobernación, mediante su Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos- refiere que se ha reparado el daño en 126 casos, aunque no se especificó el número de personas involucradas ni el monto otorgado a familiares, al reconocerse que la desaparición ocurrió por la participación de elementos de alguno de los tres niveles de gobierno.

Brindar tal información permitiría identificar a las víctimas indirectas, y generar posibles riesgos a su seguridad y a su patrimonio , mencionó el documento.

Otro de los casos conocidos públicamente en los que el Estado asumió su responsabilidad fue el del joven José Ángel Gutiérrez Olvera, quien el 14 de mayo del 2001 fue detenido, torturado y desaparecido por agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal. En este caso, la PGR ofreció en octubre del 2012 una disculpa pública.

Fue el pasado 22 de febrero cuando el titular de la PGR, Raúl Cervantes, ofreció una disculpa pública por la injusticia cometida en contra de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González Cornelio, tres indígenas hñähñú que hace 11 años fueron detenidas, procesadas, sentenciadas y pasaron tres años en prisión acusadas de secuestrar a seis agentes federales.

En el 2015, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también hizo entrega de la reparación del daño y disculpa pública en favor de dos militares que fueron cesados de sus cargos por ser portadores de VIH.

EL DATO

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió una recomendación al gobierno de Chihuahua y al Tribunal Superior de Justicia, por el uso de los Centros de Arraigo de Chihuahua y Juárez como prisiones ilegales.

De acuerdo con la investigación, los mismos son utilizados indebidamente para internar a imputados a los que se les dictó arraigo domiciliario, luego de agotarse el tiempo procesal de dos años.

Los internos imputados son llevados a dichos centros luego de dos años de prisión preventiva y sin que se haya dictado sentencia y al continuar presos en esas instalaciones se violan sus derechos humanos de acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y a la legalidad .

El organismo señaló que aunque la figura de arraigo domiciliario está contemplada en la legislación local, no se autoriza que ésta se lleve a cabo en centros de reclusión. (L. Hernández)