Este jueves venció el plazo que había establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Senado de la República para expedir la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis.

Pese a las reformas del 2017 a la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, con el propósito de regular el uso y consumo de la mariguana con fines médicos y científicos, la SCJN se ha pronunciado sobre la omisión de la Secretaría de Salud para emitir los lineamientos sobre el uso terapéutico de la planta.

Además, la Corte emitió una declaratoria de inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley general, que definió como violatorios del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, por lo que mandató al Congreso de la Unión modificar o derogar dichas disposiciones en un plazo que comprendía del 20 de febrero al 31 de octubre del 2019.

El 14 de agosto pasado, la Segunda Sala del Máximo Tribunal resolvió el amparo interpuesto por el caso de una menor de edad que sufre de un tipo de epilepsia que necesita un tratamiento con medicamentos derivados del cannabis.

Por lo que se ordenó a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a armonizar los reglamentos y normatividad para hacer efectivo el uso terapéutico de la mariguana.

De acuerdo con el documento Aspectos Relevantes en la Regulación del Cannabis: Países Seleccionados, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez, es necesario que para la regulación de la mariguana se fijen diversos objetivos como: la portación permitida, las facultades de los organismos reguladores, así como las modalidades de producción y consumo.

También se deben fijar impuestos y tarifas, así como medidas de prevención para garantizar su consumo responsable.

El análisis plantea experiencias internacionales en la regulación de la mariguana, entre los que destacan Colombia, Israel y Portugal que legalizaron su consumo con fines médicos; y Canadá, Países Bajos y Uruguay, países que también consideraron los fines recreativos.

En la experiencia de Canadá y Uruguay, el objetivo de la regulación de la mariguana fue para el cuidado de la salud, seguridad pública y combate al narcotráfico; mientras que en Colorado, Estados Unidos, se impulsó para la recaudación de recursos a través de impuestos y el acceso seguro al cannabis.

México se encuentra adherido a la Convención Única de 1961 del Régimen Internacional de Control de Drogas de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y con este convenio el cannabis quedó sometido a estrictos controles.

Entre los que se encuentran designar las zonas y las parcelas de terreno en que se permitirá el cultivo y expedir licencias a los cultivadores, en las cuales se especificará la superficie en la que se autoriza su plantación.