La Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha tenido éxito en 3.2% de sus investigaciones sobre abusos cometidos por militares entre el 2012 y el 2016; las cuales, en su mayoría, se han iniciado contra soldados de bajo rango y no hacia superiores jerárquicos, de acuerdo con un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus iniciales en inglés).

En el informe titulado “Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, el equipo de la organización con sede en la capital de Estados Unidos, pormenorizó que, de acuerdo con cifras oficiales, entre el 2012 y el 2016, la PGR inició 505 investigaciones por delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por soldados en contra de civiles.

Los  hallazgos obtenidos por la organización no gubernamental a través de solicitudes de información, entrevistas a las ONG y colaboración con reporteros mexicanos, mostraron que la mayoría de estas pesquisas son por violaciones a derechos humanos, siendo las más comunes tortura o relacionadas con esta mala práctica, y desaparición forzada.

Para el mismo periodo WOLA encontró únicamente registro de 16 sentencias condenatorias para estos casos en el sistema de justicia civil y obtuvieron la versión pública de 12 de ellas. Lo anterior “quiere decir que en cuatro años la PGR sólo tuvo éxito en 3.2% de las investigaciones contra soldados”.

“Es posible que existan otras sentencias condenatorias, pero las autoridades no las reportaron en sus respuestas a nuestras solicitudes de información”, precisó la organización estadounidense en el documento que consta de 38 páginas.

Ximena Suárez-Enríquez, asociada para México de WOLA y autora principal del informe, expresó que “la supervisión civil de las Fuerzas Armadas es esencial en cualquier democracia; sin embargo, la PGR no ha responsabilizado a los militares por violaciones a derechos humanos. Esto es particularmente importante dada la dependencia del gobierno en los soldados para patrullar las calles y su insistencia en que mantengan un papel central en la lucha contra la delincuencia organizada”.

En el trabajo se expone que las reformas del 2014 al Código de Justicia Militar (CJM) facultan a las autoridades civiles para investigar a soldados implicados en delitos de violaciones a las garantías fundamentales; sin embargo, no se han implementado totalmente, pues existen algunas pesquisas civiles, pero son casos aislados.

Además, se refiere que las investigaciones de la PGR son lentas y durante las mismas no se recaban todas las pruebas para llevar ante jueces casos sólidos. Hay casos en que han pasado hasta tres años sin que el Ministerio Público Federal pueda llevar a los soldados a juicio y otros donde han pasado seis años para lograr una sentencia condenatoria de primera instancia.

En el reporte, que es resultado de 11 meses de investigación, se indica que hay una falta de transparencia sobre los militares que han sido condenados en el sistema de justicia civil por haber cometido delitos y violaciones a derechos humanos.

De acuerdo con la información concluida por el equipo de la WOLA, las investigaciones civiles en contra de soldados no profundizan sobre la cadena de mando, es decir, no investigan a los superiores jerárquicos de los soldados acusados de cometer delitos o violaciones a derechos humanos.

“Únicamente encontramos un caso en el que se condenó a un teniente coronel en Chihuahua por su responsabilidad como superior jerárquico en una desaparición forzada ocurrida en el 2009 y otro en que se condenó a un subteniente de infantería por la desaparición forzada de una persona en Nuevo León en el 2012”.

Así, Suárez-Enríquez expone que la falta de investigación de la cadena de mando ha sido un problema en el sistema de justicia durante décadas.

El arranque de investigaciones militares simultáneas o paralelas a las civiles; una dificultad para que los soldados declaren como acusados o testigos en el sistema de justicia civil y alteraciones en las escenas del crimen donde se ven involucrados los militares son, además, las principales acciones que impiden o retrasan las indagatorias, de acuerdo con lo expuesto en el informe de WOLA.

La autora, así como Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México de WOLA, quien colaboró en la investigación, recomiendan fortalecer el sistema de justicia civil para investigar los delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por soldados en contra de civiles; evitar contrarreformas al sistema acusatorio y no postergar más la reforma policial en México.

“La situación actual de las investigaciones en contra de soldados muestra que las autoridades no tienen voluntad política para hacer justicia en estos casos”, se asevera.

Para los especialistas urge que el gobierno desarrolle un plan de retiro paulatino de los soldados que estén desempeñando tareas de seguridad pública. Este plan debe ir acompañado del fortalecimiento progresivo de la Policía civil en una lógica de seguridad ciudadana, de rendición de cuentas y de mecanismos para mejorar las investigaciones civiles de soldados.