La Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General, tuvo pocos resultados al perseguir la corrupción dentro del sector público.

Entre el 2010 y hasta julio del 2018, la institución de procuración de justicia inició 1,547 averiguaciones previas en contra de funcionarios públicos por sospecharse de su participación en actos como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado, cohecho, entre otros ilícitos tipificados en el Título Décimo del Código Penal Federal.

De dichas averiguaciones, en sólo dos casos hubo una consignación con detenido: una en el 2011 y otra en el 2014, de acuerdo con el oficio: PGR/UTAG/DG/004836/2018 generado por la misma institución derivado de una solicitud de información realizada por un ciudadano.

Durante el periodo del presidente Enrique Peña Nieto, las averiguaciones que se generaron fueron escasas. Entre el 2013 y hasta julio del año pasado, la PGR tuvo registros de 664 averiguaciones previas para investigar a funcionarios públicos federales por posibles actos de concusión.

Entre el 2010 y el 2012, la misma institución abrió 883 averiguaciones previas por casos de corrupción en los que estuvieron inmiscuidos presuntamente funcionarios públicos.

No obstante, en su generalidad el desahogo de las averiguaciones previas ha generado pocos resultados.

En la respuesta otorgada por la PGR se indicó, por ejemplo, que de las 1,547 averiguaciones iniciadas en 131 la procuraduría decidió no ejercer acción penal; en 182 se decretó “incompetencia interna”; en 182 se declaró “incompetencia”, y 328 aún seguían en trámite a la fecha del informe, entre otros rubros.

Mientras que en sólo 55 averiguaciones la PGR decidió iniciar una acción penal en contra de los funcionarios públicos, es decir, en sólo 3.5% de las averiguaciones iniciadas.

El nuevo sistema penal, sin mejora en los casos

A partir de la reforma en materia procesal del 2008, por la que se creó el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México, a la par de las averiguaciones previas se generó la figura de las carpetas de investigación, las cuales han tenido la misma suerte que las averiguaciones previas en cuanto a los presuntos actos de corrupción de funcionarios.

La diferencia entre ambas figuras radica, de acuerdo con criterios expuestos en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en que la averiguación previa necesariamente requiere una investigación previa exhaustiva, mientras que en la carpeta de investigación sólo se necesitan indicios para que un imputado sea presentado ante un juez.

“La averiguación previa es la fase en la que se recopilan los elementos de prueba que permiten sostener la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, por lo que la tarea investigadora debe ser más estricta.

“En cambio, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, la integración de la carpeta de investigación no requiere de una tarea investigadora reforzada, pues sólo debe contener elementos suficientes para justificar, racionalmente, que el imputado sea presentado ante el juez de Garantía”, se indicó en una publicación de julio del 2014.

En este rubro, la PGR informó que, por los mismos delitos especificados en el Título Décimo de la PGR, se abrieron 590 carpetas de investigación en contra de funcionarios públicos.

De dichas carpetas que se tienen registros, que se abrieron entre el 2016 y hasta julio del 2018, cinco se acumularon; dos quedaron en archivo temporal, y en 23 se declaró incompetencia.

Mientras que en sólo cinco se judicializaron, en 11 se decidió no ejercer acción penal y la mayoría (544) continuaba en trámite.

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