El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una queja y solicitud de activación del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, a favor de Nestora Salgado García, derivada de las declaraciones hechas por el candidato José Antonio Meade Kuribreña.

Durante el segundo debate presidencial, Meade reclamó a su contrincante Andrés Manuel López Obrador la candidatura de Nestora Salgado al Senado de la República, tras calificarla de secuestradora.

Salgado García, fundadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, fue acusada de secuestro y absuelta por falta de pruebas.

Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, afirmó que las declaraciones del abanderado del PRI desataron actos de violencia que ponen en riesgo la vida e integridad de Nestora Salgado y la de su familia. Informó que, tras los dichos de José Antonio Meade, un grupo de personas perpetró un ataque sobre la casa de la hija de la aspirante al Senado.

Duarte recordó que el 4 de diciembre del 2015, en el 74 periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, se concluyó que la detención de Salgado García fue arbitraria e ilegal. En la opinión 56/2015 pidió su liberación inmediata.

Horacio Duarte destacó que Morena demanda respeto y protección de los derechos de Salgado a no ser humillada, degradada, envilecida o criminalizada y exigió que cese el ataque y denostaciones por parte del candidato del PRI en su contra.

Por tanto, solicitó que se dicten medidas tutelares y preventivas, además de activarse el protocolo de violencia política en contra de las mujeres.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, llamó a no lanzar acusaciones en contra de Nestora Salgado García, hasta que un juez determine su situación jurídica.

El ombudsman recordó que en la Recomendación 9/2016 se da cuenta de las violaciones al debido proceso donde fue víctima Salgado García y otro miembros de la Policía Comunitaria, aunque, acotó, los uniformados también incurrieron en violaciones a los derechos humanos que solicitó el organismo nacional que fueran investigadas.

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