Al próximo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le tocará continuar con el trabajo de este organismo en un momento en el que, de acuerdo con la propia institución, México enfrenta un entorno critico en el respeto y vigencia de los derechos humanos, como consecuencia de la inseguridad, la violencia, la falta de cumplimiento y aplicación de la ley, la corrupción, impunidad, así como ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Al menos ese fue el panorama que expuso el junio pasado el ahora expresidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, al presentar su informe anual de actividades, correspondiente a 2018, al que no quiso ir el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ese día llamó la atención que el año pasado subsistieron problemas tan graves como las miles de personas desaparecidas, la prevalencia de tortura, el desplazamiento forzado interno, la explotación y abuso a migrantes, las fosas clandestinas e irregulares, la persistencia de violencia de género, la trata de personas, así como ataques y homicidios contra periodistas.

De acuerdo con cifras de la institución, de enero a septiembre de 2019, se cometieron siete recomendaciones de violaciones graves a derechos humanos, cifra casi igual a la que ocurrió en todo 2018 cuando se registraron ocho.

Ambos datos son relevantes, si se toma en cuenta que en 2017 se hubo cinco, en 2016 sólo una, lo mismo que en 2015.

De las 90 recomendaciones ordinarias, emitidas el año pasado, 78 fueron dirigidas a autoridades. Las seis que fueron destinatarias de mayor número de recomendaciones durante este periodo son el IMSS, con 21; la Procuraduría General de la República, con 13; la Comisión Nacional de Seguridad, con 10; la Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Secretaría de la Defensa Nacional, con cinco casos cada uno; y los gobernadores de Chiapas y Veracruz, la SEP, la SEMAR y la SEMARNAT, con cuatro, respectivamente. 

Del conjunto de recomendaciones ordinarias emitidas en 2018, sólo una había sido cumplida en su totalidad.

En tanto, entre enero y septiembre de 2019, ese organismo emitió 87 recomendaciones en general (no incluye las relacionadas con asuntos graves), es decir, casi las mismas que se emitieron en todo 2018, cuando la cifra fue de 90.

El año pasado la CNDH registró 696 expedientes de queja, de los cuales 25 se trató de casos de privación de la vida, 39 de desaparición forzada, 57 de tortura, 255 de tratos crueles, inhumanos o degradantes y dos de ejecuciones sumarias.

Destacan los casos de desaparición forzada que se incrementaron casi 180%, al pasar de 14 en 2017 a 39 en 2018, registrándose de igual forma un aumento menor en los casos de tortura que fue de 50 a 57.

Las recomendaciones de la CNDH se aceptan pero no se cumplen

Por otra parte, las estadísticas demuestran que las recomendaciones de la CNDH se aceptan, pero se cumplen parcialmente y no con la celeridad que sería deseable y debida.

Del cúmulo de 431 recomendaciones en trámite a diciembre de 2017, durante 2018 se pudieron concluir 37 recomendaciones, cifra inferior a la del año previo. 

Al finalizar 2018, las cinco autoridades federales con mayor número de puntos recomendatorios pendientes de cumplimiento ante la CNDH eran Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, con 302; el IMSS, con 261; la Procuraduría General de la República, con 235; la Secretaría de la Defensa Nacional, con 113 y la SEMAR con 103. 

De igual forma, los cinco gobiernos estatales con mayor número de puntos recomendatorios en trámite fueron los de Guerrero, con 109; Chiapas, con 76; Oaxaca, con 59; Tamaulipas, con 76; y Coahuila, con 55. Hay 5 casos que llevan más de 10 años sin que se cumplimenten.

La CNDH tiene una función de contrapeso

Desde 2006, la CNDH tiene la facultad para impugnar normas generales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A la fecha ha presentado 186 demandas de acciones de inconstitucionalidad, de las cuales 53 fueron en 2018.

Lo interesante de los registros sobre el tema es que desde 2015, cuando promovió 29, se han ido incrementando año con año, aunque en 2018 la cifra se elevó 55.88%, al pasar de 34 a 53.

Entre las resoluciones más relevantes destaca la relativa a la Ley de Seguridad Interior, la cual ratificó la necesidad de que la seguridad pública y la participación temporal de las Fuerzas Armadas en ese ámbito se sujeten estrictamente a lo previsto por la Constitución y sea acorde con los parámetros internacionalmente reconocidos, los cuales plantean restringir al mínimo tales intervenciones y fortalecer el control de autoridades e instituciones civiles en ese campo.

La función de contrapeso es una función importante en la institución, o al menos para el ahora ex presidente de la CNDH, quien el día de su último informe anual dijo que no será debilitando la institucionalidad democrática, ni eliminando o haciendo inoperante el sistema de pesos y contrapesos entre autoridades y poderes o restringiendo o condenando en los hechos el legítimo ejercicio de derechos o el disenso, que México avanzará por la ruta de la legalidad y del respeto a la dignidad humana.

En su opinión, debilitar o desarticular las estructuras burocráticas, pauperizando su papel, organización y condiciones de desempeño, son la antesala necesaria de deficiencias y errores en el servicio público, lo cual de suyo implica un incumplimiento al deber de servicio que se tiene frente a la sociedad.

Acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH en 2019

  • El 26 de junio de 2019 promovió cuatro acciones de inconstitucionalidad respecto de las leyes de la Guardia Nacional; sobre el Uso de la Fuerza; del Registro de Detenciones, y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de coadyuvar a la consolidación del marco jurídico que rige la Guardia Nacional.
  • El 30 de agosto presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Código Penal de Tabasco que crea la Ley Antiextorsión o mejor conocida como la “Ley Garrote” y que aprobó en el Congreso de Tabasco. Este recurso presentado por la CNDH, es en atención a la solicitud que hicieron por escrito los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Congreso de Tabasco.
  • El 27 de septiembre interpuso una acción de inconstitucionalidad por considerar que la Ley Nacional de Extinción de Dominio violenta los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, a la información pública, a la protección de datos personales y a la tutela judicial efectiva, entre otros.
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