A la crítica de que los gobernadores no han implementado el nuevo sistema de justicia penal, el PRI respondió que los gobiernos estatales carecen de recursos para la compra y la adquisición de equipo, el desarrollo tecnológico y la adecuación o creación de infraestructura.

La organización México SOS, presidida por el empresario Alejandro Martí, criticó el martes los pocos avances en la implementación de los nuevos mecanismos de justicia, como los juicios orales.

Desde la Comisión Permanente del Congreso, el PRI -que gobierna la mayoría de los estados en el país- indicó que la reforma de justicia penal requiere una cantidad significativa de recursos financieros, sino estaría condenada al fracaso.

A través de los diputados María de Jesús Aguirre Maldonado y Humberto Benítez Treviño, el PRI propuso ayer en la Comisión Permanente un exhorto a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, con la finalidad de que se destinen los recursos aprobados por la Cámara de Diputados para que se implemente el nuevo sistema de procesamiento penal y se pueda adquirir equipo, desarrollo tecnológico y se adecuen o se cree la infraestructura necesaria que las procuradurías y Tribunales de justicia de los estados y del DF requieren, así como para cubrir el costo de cualquier otra necesidad, como capacitación u otras que se precisen para la debida implementación del sistema.

... es ampliamente sabido que se requiere invertir, señaladamente, en la capacitación de ministerios públicos, jueces, magistrados, defensores públicos, entre otros, así como la inversión en infraestructura inmobiliaria para la adecuación al desarrollo de las audiencias y aún para la construcción de centros especializados para la compurgación de las penas y sobre todo de miembros de la delincuencia organizada , precisaron los diputados en su propuesta que se turnó a comisiones para su análisis.

Las críticas del presidente Felipe Calderón al Congreso ofendieron a senadores y diputados, que reprocharon al Mandatario su papel "agresivo" hacia los legisladores. El diputado Humberto Benítez Treviño (PRI) criticó que "si tanta preocupación tenía el Presidente de la República, lo hubiera enviado en el 2006, sobre todo en la primera Legislatura, donde su partido tenía mayoría, (lo) hizo hasta el año 2011". Benítez Treviño le recordó al Ejecutivo federal que él también está en falta, al aplicar el llamado veto de bolsillo es muy grave que nosotros ley hayamos enviado ya cuatro iniciativas para su publicación, dictámenes, leyes y no haya cumplido con la obligación constitucional del promulgarlas .

SE COMPROMETEN CANDIDATOS AL GDF A IMPULSAR LA REFORMA

LOS Candidatos al gobierno capitalino se comprometieron a impulsar la aplicación de la reforma al sistema de justicia penal y, con ello, a la instauración de los juicios orales en la capital del país.

Durante el IV Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, a cuatro años de la reforma, Beatriz Paredes Rangel (PRI-PVEM); Isabel Miranda de Wallace (PAN), y Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD, PT y MC), coincidieron en la creación de una nueva política en materia policial; autonomía de gestión para los ministerios públicos; una transformación al sistema de justicia penal, así como la despresurización de las cárceles mediante la aplicación de penas alternativas.

Miranda de Wallace aseveró que se requiere limpiar las prisiones, otorgarles incentivos a los policías, así como herramientas tecnológicas.

Pidió que el Ministerio Público deje de ser un rehén al servicio de un Gobernador , y exhortó a la Cámara de Diputados a que en sesión urgente apruebe el Código Federal de Procedimientos Penales.

En tanto, el exprocurador de la ciudad de México manifestó la necesidad de socializar dicha reforma entre la ciudadanía, con el fin de que la gente esté informada sobre sus alcances y repercusiones.

Paredes Rangel comentó que la procuración de justicia en el Distrito Federal requiere de una transformación profunda con ministerios modernos y eficientes.

Todos coincidieron en la autonomía del Ministerio Público, sin embargo, Mancera Espinosa y Miranda de Wallace afirmaron que primero se requiere que a la capital se le otorgue ese estatus a través de la reforma política. Finalmente, acotaron que la capacitación policial, la defensoría de oficio, así como el diseño y la organización de penas alternativas son fundamentales para garantizar justicia pronta y expedita.