A un año del actual gobierno federal, la inseguridad no desciende. El Congreso le ha entregado instrumentos que solicitó como la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional; más delitos que ameritan prisión, y recursos para la seguridad pública. Sin embargo, en un año ocurrieron múltiples homicidios, enfrentamientos e incluso actos contra ciudadanos en Culiacán, Sinaloa, y Bavispe, Sonora.

Del 1 de enero al 31 de octubre de este año se han cometido en nuestro país 28,741 homicidios, además de los 2,891 en diciembre del 2018, por lo que en total suman 31,632 homicidios registrados durante el actual gobierno, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Si se compara con el mismo periodo del 2017 y 2018, significa un aumento. De enero a octubre del 2018 se registraron 28,125 homicidios dolosos, más 2,588 de diciembre del 2017, por lo que se registró un total de 30,713 homicidios en el mismo periodo.

De diciembre a noviembre de este año, el país no ha dejado de vivir episodios de balaceras y homicidios en bares, centros comerciales o fiestas infantiles; enfrentamientos entre grupos opositores de la delincuencia, y emboscadas a militares, policías y ciudadanos.

El pasado 21 de noviembre, el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, insistió en que ya logró un punto de inflexión en la tasa de homicidios dolosos, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se puede gobernar al país sin ordenar operativos que concluyan en asesinatos.  

El secretario general de México Unido contra la Delincuencia, Juan Francisco Torres Landa, consideró que el punto de quiebre “no es cierto, porque hemos vuelto a un país donde las noticias de (homicidios) surgen (a) diario”.

Gerardo Rodríguez Sánchez-Lara, experto en seguridad de la Universidad de las Américas Puebla, refirió que el actual gobierno federal recibió de su antecesor instituciones colapsadas en materia de seguridad y justicia; un estado de fuerza mermado; recursos reducidos, además de que los gobiernos estatales han hecho poco para profesionalizar sus corporaciones de seguridad. Mencionó que, por tal motivo, el actual gobierno se tuvo que recargar en la Fuerzas Armadas para contar con alcance nacional.

Recordó que la mayoría de Morena en el Poder Legislativo dotó a su gobierno de todas las herramientas que el presidente López Obrador le solicitó en materia de seguridad y combate a la corrupción, como la creación de la SSPC y la Guardia Nacional; le asignará mayores recursos económicos, y lo único que queda pendiente son las reformas en materia de extinción de dominio.

Rodríguez Sánchez-Lara opinó que el actual gobierno federal hace un buen trabajo con la Unidad de Inteligencia Financiera para combatir redes del narcotráfico, trata de personas y corrupción gubernamental.

Sin embargo, refirió que a raíz del operativo fallido en Culiacán, Sinaloa (para capturar a Ovidio Guzmán), “veo ya roces en el gabinete de Seguridad, hay un desgaste natural”, además de que —agregó—  las coordinaciones estatales con la Guardia Nacional y la SSPC no se han consolidado como deberían.

Se está manteniendo el nivel de violencia del 2018, pero todavía no está claro el punto de inflexión con la escala de violencia en el país. Yo creo que en el 2020 seguirá”, expresó Rodríguez Sánchez-Lara.

Mencionó que si el gobierno federal desea lograr mejores resultados, debe haber un compromiso con las víctimas que exigen justicia, “no abrazos”.

El presupuesto 2020 aprobado por diputados recortó los recursos destinados a fortalecer las policías locales (FASP -0.24% y Fortaseg -3.69%), a pesar de que éstas atienden 86% de los delitos que afectan a los ciudadanos, como robos y homicidios.

“México tiene que mejorar las corporaciones en materia de procuración e impartición de justicia. No podemos reducir ese presupuesto, necesitamos incrementar el número de peritos y fiscales de investigación”, comentó.

A su vez, el profesor Gerardo Rodríguez dio una calificación de entre 7 y 8 al actual gobierno por sus acciones en el último año en materia de seguridad.

Juan Francisco Torres Landa expuso que en materia de inseguridad “no hay otros datos, sino una tendencia perdedora en los índices de secuestro, homicidio, feminicidios, extorsión, robos con violencia, y la impunidad no baja y la cifra negra sigue siendo avasalladora”.

Aseguró que “la conjunción de estos factores nos lleva a un escenario desolador, sin pretender señalar una tragedia, sino la necesidad de que haya una mejor estrategia, en un país que reclama hoy más que nunca un ambiente donde se respire paz, seguridad, justicia e instituciones fuertes”.

Sostuvo que con “la idea de abrazos y no balazos, las cosas no van a cambiar.  Hay un fondo constitucional, y a ninguna autoridad le está permitido renunciar al ejercicio de las acciones que le corresponden, no es optativo ir tras los criminales; no es optativo dejar de generar carpetas de investigación; no es optativo dejar de consignar los casos; no es optativo que las penas privativas de la libertad se cumplan en sus términos. Decir abrazos y no balazos implica renunciar a uno o varios de esos componentes. Abrazar a los delincuentes y decirles que no los van a perseguir no es una forma lícita”.

Consideró que, si no hay una rectificación del gobierno, “no estaremos en mejores tiempos, por el contrario, van a llegar más tragedias como las de Culiacán y Bavispe, porque lo que se está haciendo no sirve y puede ser contraproducente”.

Terrorismo, un nuevo capítulo

Gerardo Rodríguez Sánchez-Lara y Juan Francisco Torres Landa coincidieron en que el anuncio de Donald Trump de catalogar como terroristas a los narcotraficantes mexicanos es un reflejo de hasta dónde llegaron las acciones de la delincuencia en nuestro país. Sin embargo, respaldaron al gobierno en defender la soberanía, y sí aceptar la ayuda no intrusiva de Estados Unidos.  

(Hay que) rechazar la denominación de terroristas a los cárteles, y como tal hay que atacarlos, se debe reforzar la cooperación con Estados Unidos, pero no es a través de la definición de grupos terroristas.

Estados Unidos puede seguir apoyando con inteligencia, pero no es a través de esa fórmula”, comentó Sánchez-Lara.

Torres Landa recordó que tras el ataque contra mexicanos en un centro comercial de El Paso, Texas, el gobierno mexicano sí calificó el acto como terrorista.  

 “Esa iniciativa provino de la boca del canciller (Marcelo Ebrard), y no calibraron la dimensión de lo que esa momentánea estridencia mediática iba a generar; les pareció como algo aguerrido, valiente, sin medir las consecuencias que podía tener un efecto boomerang, y ya lo tenemos encima”, destacó.

El martes pasado, el presidente López Obrador reconoció que la seguridad pública es la asignatura pendiente que tiene su administración. Admitió que su gobierno es responsable de mejorar la seguridad, aunque dijo que no es culpable que las bandas del crimen se fortalecieran durante administraciones pasadas.

Cronología: violencia en el último año

  • 9 de enero: Elementos del Ejército mexicano localizan 21 cuerpos, 17 de ellos calcinados, en el rancho Refugio Hinojosa del municipio de Miguel Alemán, en Tamaulipas.
  • 3 de abril: Sujetos balean una vivienda en Chimalhuacán, Estado de México; cuatro personas pierden la vida.
  • 20 de abril: La Fiscalía de Veracruz confirma 13 muertos tras el ataque al restaurante Los Potros de la colonia Obrera de Minatitlán, Veracruz.
  • 27 de abril: El gobierno de Coahuila confirma un enfrentamiento en Saltillo, donde mueren nueve presuntos miembros del crimen.
  • 9 de marzo: Un comando armado ingresa a un centro nocturno de Salamanca, Guanajuato, y ataca a un grupo de personas con un saldo de 15 muertos.
  • 26 de mayo: Se registra una balacera entre militares y sicarios en La Huacana, Michoacán. Se realizan bloqueos carreteros.
  • 27 de mayo: Un grupo de militares es desarmado por pobladores de La Huacana, Michoacán,  como respuesta a un decomiso de armas.
  • 24 de julio: Se suscita una balacera en plaza Artz de CDMX; dos israelíes con antecedentes en su país son asesinados.
  • 28 de agosto: Un ataque al bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos, Veracruz, deja como saldo 28 personas asesinadas.
  • 30 de agosto: Nueve personas fallecidas y 11 más lesionadas deja un enfrentamiento entre dos grupos armados en Tepalcatepec, Michoacán.
  • 14 de septiembre: Hallan 119 bolsas con restos de al menos 44 personas en Zapopan, Jalisco; en junio se encontraron 22 cadáveres en Tlaquepaque y Tlajomulco.
  • 26 de septiembre: Sujetos armados emboscan y asesinan a tres militares en Leonardo Bravo, Guerrero.
  • 14 de octubre: 13 policías estatales mueren en una emboscada en Aguililla, Michoacán; son atacados por un grupo ligado al CJNG.
  • 17 de octubre: Se registran balaceras y bloqueos de avenidas en Culiacán, Sinaloa, tras la detención de Ovidio Guzmán López. Fue liberado debido a la ola de violencia.
  • 4 de noviembre: La familia LeBarón fue emboscada por un grupo armado en la frontera entre Chihuahua y Sonora. Nueve personas murieron, entre ellas seis menores de edad.

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