La procuradora general de la República, Arely Gómez González, reconoció ante familiares de víctimas de desaparición que la dependencia que encabeza tiene deficiencias financieras y de recursos humanos para atender este fenómeno que, a decir del movimiento Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), se ha convertido en un problema humanitario.

Tras reunirse con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Grace Fernández, de la Fundem, relató en entrevista que expusieron ante ella la problemática de la fiscalía especializada para personas desaparecidas, pues al día de hoy cuenta con 29 elementos del Ministerio Público para casi 900 casos que alberga.

Ello, explicó, implica que miles de familiares de personas no localizadas carezcan de un acceso diligente a una investigación y proceso de búsqueda adecuados.

Es por ello que la Fundem expuso ante Gómez González la necesidad de impulsar una Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares que elimine las limitantes de acceso a cualquier persona que tenga un familiar desaparecido a un Ministerio Público y a la revisión de expediente en la investigación y búsqueda.

Ante ello, dijo Fernández, la procuradora reconoció los rezagos que la institución que coordina tiene en la materia, además de la reducción de presupuesto que la fiscalía tuvo en el año en curso. Ante ello, explicó que se está a la espera de la ley para aspirar a más financiamiento público.

Entendemos la falta de recursos, pero estamos hablando de personas; no son sólo números, son personas a quienes buscamos , criticó Grace, cuyo hermano se encuentra desaparecido.

Durante la reunión, la titular de la PGR se comprometió a estar más al pendiente del problema de desaparición y les anunció de un próximo convenio que cerrarán con el Instituto Nacional Electoral (INE), para tener acceso expedito a las bases de datos de huellas dactilares para cruzar dicha información con la que tiene el sistema forense de los restos no identificados.

Para la Fundem es necesario que la ley contemple una comisión nacional de búsqueda que incluya la participación de las familias para que no quede una norma de papel. Como familia de víctima, seguiremos exigiendo que haya una búsqueda e identificación de restos efectivas , concluyó Grace.

ana.langner@eleconomista.mx