Durante su participación en la Primera Conferencia Internacional sobre Política de Drogas, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, dijo que si bien la experiencia internacional de países como Canadá y Uruguay, que han legalizado el uso recreativo de la cannabis, sugiere que una política regulatoria ha tenido efectos positivos, aún no hay cifras precisas sobre la reducción de violencia.

“No hay evidencia contundente sobre el impacto de la despenalización de la producción y comercialización de la marihuana en los índices delictivos. Existen datos que pueden apuntar en un sentido positivo, pero otros sugieren un efecto marginal.

“Sin embargo, de lo que no tengo duda es que la regulación quitará del horizonte de vida, de miles de campesinos y pequeños propietarios rurales, una amenaza que alienta al crimen para presionar, extorsionar o someter a la violencia a los productores del campo”, declaró.

En el evento convocado por directivos de la Comisión Política de Drogas del Senado de Colombia, Sánchez Cordero añadió que el principal reto que enfrenta el modelo de regularización es equilibrar la salud pública con el interés del comercio.

“Por un lado se deberán minimizar los riesgos y daños con el consumo de la cannabis, pero por otro existen intereses que buscan su uso sin importar el fin, con tal de obtener mayores ganancias (...) No estoy a favor de la liberación absoluta de las drogas, sino de las libertades”, apuntó.

En su intervención, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresó que la guerra contra las drogas ha fracasado y causado efectos negativos en los derechos humanos, salud pública, y ha generado violencia. “La única solución al problema mundial de las drogas es eliminar la prohibición. En la medida en que le quitemos a las mafias el control de ese mercado y que lo asuma el Estado, podremos encontrar una solución eficaz”, dijo.

En tanto el analista de Transform Drug Policy Foundation, Steve Rolles, enfatizó que una política eficaz contra las drogas debe tener fondos, personal adecuado y contar con una estructura de evaluación.

“En Canadá después de dos años de la legalización de cannabis, menos de la mitad del mercado está regulado. No hay respuesta perfecta”, advirtió.

marisol.velazquez@eleconomista.mx