A tres años de los hechos registrados en una bodega en la comunidad de San Pedro Limón, del municipio de Tlatlaya, Estado de México, el caso aún no está cerrado.

Hoy se cumplen tres años del enfrentamiento entre militares y civiles que han sido señalados por las autoridades como presuntos delincuentes y que dejó un saldo de 22 personas muertas.

El 1 de julio del 2014, un día después del incidente, el gobernador Eruviel Ávila informó sobre el operativo:

El Ejército mexicano, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas, lamentablemente un militar salió herido, pero el Ejército en su legítima defensa actuó y abatió a los delincuentes .

Tres meses después, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR), anunciaron sobre el curso de las investigaciones.

Esta dependencia es la más interesada en que este incidente sea investigado a fondo, pues los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea, estamos obligados a conducirnos con pleno respeto a los derechos de las personas , manifestó el 19 de septiembre del 2014 la Secretaría de la Defensa.

La Procuraduría General de la República reitera que se tiene iniciada una averiguación previa con respecto a esos hechos, misma que está en etapa de investigación , comunicó ese mismo día la dependencia.

Por los hechos, la Sedena informó el 25 de septiembre del 2014 que un oficial y siete elementos de tropa fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar por infracción de deberes. La totalidad de ellos se encuentra libre, algunos al ser puestos en libertad y otros por haber cumplido sentencia.

El entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, informó el 30 de septiembre del 2014 sobre la acusación de tres soldados implicados en el caso, por el delito de homicidio.

Adalid Ambriz Landa, magistrado del Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito ordenó el 13 de mayo del 2016, la libertad de los últimos tres militares que fueron acusados en la justicia civil de la muerte de los presuntos delincuentes por falta de elementos para procesar , sin pronunciarse sobre su inocencia o culpabilidad.

Un día después, la PGR expuso que, si bien dicha resolución judicial no era impugnable, el magistrado estableció que el auto de libertad fue dictado sin perjuicio de que el fiscal de la Federación (la PGR) aporte pruebas legalmente suficientes para reunir los requisitos legales para la emisión de un auto de formal prisión por este delito o uno diverso en torno al homicidio de referencia .

Por ello, la PGR se comprometió el 14 de septiembre del 2016 a llevar a cabo todas las diligencias necesarias para aportar los elementos de prueba requeridos, a fin de evitar que los delitos cometidos el 30 de junio del 2014 en Tlatlaya, Estado de México queden impunes .

Tanto la PGR, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señalaron la existencia de ejecuciones extrajudiciales. Mientras el Ministerio Público Federal identifica ocho casos; el organismo nacional garante señala entre 12 y 15.

Ayer, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), informó que, al hacer un contraste del material gráfico de la escena de los hechos contenido en el expediente de la causa penal militar 338/2014, con las fotografías revisadas por la CNDH, identifican que de 19 de los 22 cuerpos fueron manipulados .

La CNDH, en su Recomendación 51/2014, dada a conocer el 30 de junio del 2016, asentó que algunos cadáveres fueron movidos y fueron colocadas armas en todos los cuerpos que yacían muertos en el suelo .

Las abogadas Aracely Olivos y Gabriela Carreón Lee, del Centro Prodh, explicaron este jueves que, en calidad de representantes de una testigo y madre de la menor de edad Ericka, quien murió junto con otros 21 civiles, han interpuesto dos amparos.

Mediante el juicio de amparo con número de expediente 135/2015, obtuvieron acceso a parte del expediente militar. Este documento contiene material fotográfico de la escena, el cual fue elaborado previo a las imágenes que tomó y registró la CNDH.

El pasado 15 de junio, la testigo Clara Gómez González, interpuso un amparo por falta de debida diligencia de la PGR para que rinda cuentas, que actualmente se encuentra en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la ciudad de México, bajo el número de expediente 545/2017.

Las averiguaciones abarcan también a policías ministeriales. En enero del año en curso, fueron sentenciados a tres años y ocho meses de prisión, cuatro policías ministeriales del Estado de México por el delito de tortura en contra de tres sobrevivientes en el operativo militar de Tlatlaya.

El 7 de marzo del año en curso, inició el juicio de otros tres policías por el mismo delito.