El Senado de la República tiene pendiente la publicación de los primeros reportes sobre los cabilderos que presionaron para cambiar leyes o reformas aprobadas en el periodo ordinario, informes que debieron estar listos el mes pasado.

Las comisiones y los senadores están obligados a informar por escrito y cada dos meses a la Mesa Directiva de las actividades realizadas con la personas bajo la pretensión de cabildeo en la promoción sus intereses o de terceros .

Dichos informes deben ser públicos luego de que el padrón de cabilderos y sus lineamientos fueron aprobados en septiembre del año pasado. Al cierre del periodo ordinario (diciembre), debieron estar listos los primeros reportes que deben detallar los nombres de los cabilderos, fechas de las reuniones, leyes o reformas de interés, documentos presentados y respuesta a sus peticiones.

El Senado aceptó a 134 personas morales y 121 personas físicas en su primer padrón de cabilderos con el cual pretende cerrarle la puerta a la corrupción durante la elaboración de las leyes o reformas.

En diciembre, el presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna, inauguró estos informes luego de que el PRD lo acusó de acceder a la presión de empresarios para relajar las obligaciones en materia de transición energética.

El legislador del PRI afirmó que se reunió con los presidentes de la Concamin, CCE, Cespedes, Caintra Nuevo León, Canacintra y Canacero, para tratar la Ley de Transición Energética y las peticiones de la IP se revisaron con Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos de la SHCP; César Hernández Ochoa, subsecretario de Electricidad de la SE, y Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat.

Éste es el único reporte que se dio a conocer, aunque le faltó precisar qué pidieron los cabildos y cuál fue la respuesta.

Antes de que se aprobara el padrón de cabilderos, en atención a la Ley General de Transparencia, la priista Ana Lilia Herrera informó que integrantes de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría cabildearon la polémica Ley de Obras Públicas.

En materia de transparencia, la Cámara Alta se quedó corta. Aún tiene pendiente transparentar los informes semestrales del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación.

Estos reportes, por mandato de la ley general de transparencia, deben ser públicos sin que medie una solicitud de información.

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