Álvaro Vizcaíno Zamora, ratificado por el Senado como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), destacó tres retos que enfrentará el próximo año, entre ellos la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio desde el lado de los integrantes de las instituciones de seguridad pública del país.

En entrevista dijo que otros retos son hacer efectivo el seguimiento de los acuerdos que adopta el Consejo Nacional de Seguridad Pública e implementar el nuevo subsidio que ordena el artículo octavo del Presupuesto de Egresos de la Federación, mismo que sustituye al Subsemun y al Subsidio para Policía Estatal Acreditable.

El pleno del Senado avaló con 90 votos a favor y una abstención el nombramiento de Vizcaíno, quien no tuvo una comparecencia pública como generalmente se hace en la Cámara de Senadores.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Omar Fayad, destacó que la ratificación de Vizcaíno Zamora se apega a las características para desempeñar el cargo por el que lo nombró el Ejecutivo federal, ya que su trayectoria muestra experiencia en el área académica y profesional en el sector público, en particular en materia de seguridad pública y del nuevo sistema penal acusatorio nacional.

El PRD afirmó que no le dará un cheque en blanco al funcionario, por lo que seguirá de cerca su trabajo. Fidel Demédicis lo instó a tener sensibilidad política para que no contribuya a la alteración de la paz social en el país, sobre todo en el marco de la implementación de la reforma educativa.

El nombramiento de Vizcaíno se procesó en fast track, pues apenas la semana pasada el presidente Enrique Peña Nieto lo propuso para el cargo.

Con el aval del Senado, el funcionario se convierte en el quinto secretario ejecutivo del SNSP del sexenio peñista, luego de José Ramón Martel, Monte Alejandro Rubido, Jorge Carlos Hurtado Valdez y Jesús Muñoz Vázquez.

Peña Nieto recordó que el secretariado ejecutivo es el órgano operativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y goza de autonomía técnica, de gestión y presupuestal, y tiene a su cargo los centros nacionales de información, de prevención del delito y participación ciudadana, así como de certificación y acreditación.

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