El cáncer como impuesto oculto en la economía mexicana

“Cáncer y Pobreza” Felicia Knaul

Felicia Knaul dijo: "El cáncer no solo es una enfermedad; es un motor de empobrecimiento. Sin protección financiera, cada diagnóstico puede borrar décadas de progreso económico de una familia."

El cáncer se ha convertido en uno de los principales problemas económicos de nuestro tiempo, no solo en términos de gasto sanitario, sino también como un verdadero “impuesto oculto” sobre los ingresos de los hogares y la competitividad de los países. De acuerdo con el "Global status report on cancer 2026" de la OMS, publicado hace unos días, el costo económico global del cáncer entre 2020 y 2050 equivale a alrededor del 0,55% del PIB mundial cada año, sumando gastos médicos, pérdidas de productividad y el empobrecimiento de las familias. Esta cifra, que podría parecer abstracta, aterriza en México en forma de presupuestos presionados, hogares endeudados y una economía que pierde capital humano en plena edad productiva.

A escala global, la OMS recuerda que aproximadamente uno de cada cinco habitantes desarrollará cáncer a lo largo de su vida y que cerca del 40% de los casos nuevos son prevenibles mediante políticas efectivas sobre el tabaco, el alcohol, la dieta, la obesidad, las infecciones y la actividad física. Pero el dato más relevante para un medio económico es otro: el cáncer funciona como un impuesto regresivo, porque castiga más a quienes tienen menor capacidad para absorber su costo. No solo se trata de las cuentas de hospital; se trata de salarios que dejan de percibirse, microempresas que cierran y cuidadoras —en su mayoría mujeres— que abandonan el mercado laboral para atender a un familiar enfermo.

En México, las estadísticas de defunciones por tumores malignos confirman la magnitud del problema: decenas de miles de muertes al año, con una carga creciente en las edades productivas. Cada una de esas muertes no es solo una tragedia personal; también representa años de escolaridad desaprovechados, inversiones en capital humano que no rinden fruto y una pérdida de productividad que se acumula silenciosamente. El cáncer, en otras palabras, no solo mata a personas, sino que también erosiona el potencial de crecimiento económico del país.

Cuando analizamos el gasto público, la fotografía revela una combinación peligrosa de subinversión y asignación deficiente. En los últimos años, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha reportado que el gasto en cáncer de mama, cervicouterino y de próstata representa una fracción relevante del gasto en enfermedades, pero estudios independientes muestran que entre 2022 y 2023 este gasto disminuyó de manera significativa, tanto en pesos como en el número de pacientes atendidos. La pregunta es inevitable: ¿se trata de eficiencias genuinas o de diagnósticos que se retrasan y de tratamientos que nunca se inician?

Por su parte, el ISSSTE ha visto crecer el peso relativo del cáncer en su presupuesto, hasta convertirlo en uno de sus principales rubros de gasto. En la Secretaría de Salud, los recursos para el cáncer en la mujer se han contraído con los años, justo cuando la incidencia y la mortalidad hacen evidente que el problema va en sentido contrario. Esta divergencia institucional –unos gastan más, otros menos– no responde a una estrategia nacional explícita, sino a inercias administrativas, presiones coyunturales y decisiones fragmentadas.

Si algo subraya el informe global de la OMS, es que el problema ya no es la falta de conocimiento, sino la brecha entre lo que sabemos y lo que hacemos. Sabemos que la detección temprana reduce costos y mejora resultados; sabemos que las intervenciones preventivas en tabaco, obesidad e infecciones son altamente costo-efectivas; sabemos que los cuidados paliativos evitan sufrimiento y gastos inútiles. Y sin embargo, buena parte del presupuesto oncológico sigue orientada a tratamientos tardíos y tecnologías de altísimo costo con beneficios marginales, mientras que la inversión en prevención, diagnóstico oportuno y protección social sigue siendo la “hermana pobre” del sistema.

El sector asegurador privado funciona como un termómetro económico del costo real del cáncer. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) ha reportado que, en años recientes, las aseguradoras pagaron más de 120 mil millones de pesos por siniestros médicos y que los cánceres y tumores concentran alrededor de 24 mil millones de ese total. En algunos segmentos, el costo promedio por caso de cáncer puede superar fácilmente los dos millones y medio de pesos, especialmente cuando se incluyen terapias dirigidas e inmunoterapias de última generación.

Estas cifras son relevantes por dos razones. Primero, muestran que el costo “pleno” de tratar el cáncer en un entorno con amplio acceso a la tecnología moderna es varias veces superior al gasto promedio por paciente en el sector público. Segundo, dejan claro que sin una arquitectura robusta de protección social, este riesgo financiero se traslada a las familias. Incluso en hogares con seguro privado, los deducibles, coaseguros y exclusiones pueden resultar devastadores; para quienes no cuentan con protección, la combinación de cuentas hospitalarias, pérdida de ingresos y endeudamiento equivale a una sentencia económica.

La OMS recuerda que aproximadamente la mitad de los hogares afectados por el cáncer en el mundo enfrenta gastos catastróficos, incluso en países con cobertura universal. En México, la experiencia reciente de desmantelar y luego reconfigurar los esquemas de protección frente a enfermedades catastróficas ha dejado a muchas familias en una zona gris: ni completamente desprotegidas ni realmente blindadas. Las consecuencias macroeconómicas son un aumento de la vulnerabilidad financiera de los hogares, una reducción del ahorro y una mayor probabilidad de caer en la pobreza extrema ante un diagnóstico oncológico.

Uno de los hallazgos más consistentes de la literatura económica sobre el cáncer en México es que los costos indirectos —muerte prematura, incapacidades prolongadas y tiempo de cuidado no remunerado— representan la mayor parte del costo total. Estudios de estimación de costos han mostrado que, para varios tipos de cáncer, las pérdidas de productividad pueden superar con creces el gasto directo en servicios de salud, especialmente cuando las muertes se concentran en edades laborales.

A la luz de esta evidencia, el mensaje es contundente: cada peso que no se invierte en prevención y detección temprana se multiplica en pérdidas futuras de productividad. El control del tabaco, la vacunación contra el virus del papiloma humano y la hepatitis B, los programas de tamizaje para el cáncer de mama y cervicouterino, y la promoción de estilos de vida saludables no son lujos ni “agendas sociales” accesorias; son inversiones con retornos económicos tangibles, medibles en años de vida laboral preservados y en menores presiones sobre el gasto público y privado.

Sin embargo, el informe global constata que, incluso después de décadas de evidencia, la implementación de las llamadas “Best Buys” de la OMS sigue siendo insuficiente. En muchos países —México incluido— los esfuerzos de prevención compiten por recursos con otras prioridades, carecen de financiamiento estable y dependen más de campañas ocasionales que de estrategias estructurales. El resultado es un círculo vicioso: se gasta poco en prevenir, se gasta mal en tratar y se paga caro en términos de productividad perdida.

¿Qué significaría tomarse en serio el cáncer desde la perspectiva de la política económica? Una opción sería avanzar hacia una especie de “regla fiscal oncológica” que, más que fijar un techo, establezca pisos y criterios. Tres elementos podrían formar el núcleo de esa regla:

Primero, garantizar que una proporción mínima del gasto en cáncer se destine a la prevención, la detección temprana y los cuidados paliativos, no solo a tratamientos de alta complejidad. Eso implicaría etiquetar recursos para el control del tabaco, la vacunación, el tamizaje y las redes de diagnóstico oportuno, con metas medibles y evaluaciones periódicas de costo-efectividad.

Segundo, transparentar el gasto en cáncer por institución y por tipo de intervención. IMSS, ISSSTE, PEMEX y la Secretaría de Salud deberían publicar no solo cuánto gastan, sino también en qué lo gastan: cuántos recursos se destinan a medicamentos de alto costo, cuánto a equipamiento básico, cuánto a recursos humanos especializados y cuánto a paliativos. Solo así podremos saber si estamos comprando salud o solo pagando facturas.

Tercero, integrar de manera sistemática la información de INEGI, los registros institucionales y los datos del sector asegurador para construir cuentas nacionales del cáncer. Una contabilidad satélite que incluya costos directos, indirectos y financieros permitiría monitorear el impacto económico del cáncer y evaluar el retorno de la inversión en distintas estrategias de control.

El informe de la OMS enfatiza que la clave no está solo en gastar más, sino en gastar mejor: alinear la investigación, la innovación y la compra pública con las prioridades de salud pública y con las necesidades de los países de ingresos medios, evitando importar, sin filtros, modelos de gasto de países de alto ingreso que ya son fiscalmente insostenibles.

Al final, el dilema económico del cáncer se parece al de muchas inversiones de largo plazo: requiere un “capitalismo paciente” y una visión de Estado que vaya más allá del ciclo electoral. Invertir hoy en prevención, detección temprana y protección financiera no genera titulares espectaculares, pero sí produce beneficios acumulativos en forma de vidas productivas preservadas, familias menos vulnerables y sistemas de salud más sostenibles.

El informe global lo dice con claridad: la brecha ya no es de conocimiento, sino de implementación. La elección que tenemos por delante, como país, es decidir si seguimos financiando un modelo de alto costo y bajo rendimiento –centrado en terapias caras para diagnósticos tardíos– o si optamos por reorganizar nuestro gasto y nuestra regulación para privilegiar el valor, la equidad y la protección social. En términos económicos, es la diferencia entre seguir pagando un impuesto oculto creciente e invertir en reducirlo de forma estructural.

Porque en materia de cáncer, los ojos no ven lo que la cabeza no piensa. Mientras no pensemos el cáncer como un problema económico central –no solo sanitario–, nuestras políticas seguirán viendo apenas fragmentos del problema. Y será la economía de las familias, antes que las finanzas públicas, la que pague el precio más alto.

Referencias:

• [1] Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2026). Global status report on cancer 2026: The future we choose together. Executive summary. World Health Organization / International Agency for Research on Cancer.
• [2] Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2026). Estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Cáncer (2026). INEGI.
• [3]. Méndez Méndez, J. S. (2026, 3 de febrero). Recursos para la atención del cáncer. Variaciones, rezagos y retos para la cobertura. Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

*El autor (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, con doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura y presidente del Capítulo de América Latina y el Caribe de UNITE Parliamentarians Network for Global Health.

www.ectorjaime.mx unitenetwork.org

H. Cámara de Diputados: ector.ramirez@diputados.gob.mx

Universidad de Guanajuato: ectorjaime@ugto.mx

UNITE Chapter Chair for Latin America & The Caribbean: ectorjaime@gmail.com