En 2019, primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron sancionados 2,747 funcionarios de las instituciones de la Administración Pública Federal (APF) por faltas administrativas, 450 menos que un año antes, el último del sexenio del expresidente Enrique peña Nieto.

De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF) 2020 que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se impusieron 3,372 sanciones; de estas, 99.4% fueron de tipo administrativas y 0.6% económicas.

Aquel año, la sanción que más se aplicó (1,201) fue la de tipo “amonestación privada o pública”; en 2018 encabezó la lista, con 1,074, la “suspensión del empleo, cargo o comisión”.

Del total de servidores públicos sancionados, 22 (0.8%) cometieron faltas administrativas “graves”, 2,654 (96.6%) “no graves” y 71 (2.6%) “graves y no graves”.

Las 312 instituciones de la APF recibieron 33,668 denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, de las que el mayor número, 42% se presentó por escrito mediante oficio. Las denuncias aumentaron en 4,061 (13.7%), respecto al 2018.

Según el reporte, durante 2019 se iniciaron 15,328 procedimientos de responsabilidad administrativa a 17,079 servidores públicos y fueron concluidos 20,740, incluyendo los iniciados años antes; dichos procedimientos aumentaron 21.5% con respecto a los registrados un año antes.

La medición relacionada con “control interno y anticorrupción” destaca que en 2018 se contabilizaron 215 órganos internos de control; para  el 2019 había 267, es decir, 24.2% más.

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