Para proteger a los menores de edad usuarios del sistema de justicia federal, entre ellos los involucrados en la lucha contra la delincuencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes .

El coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la SCJN, Carlos Pérez Vázquez, destacó que a partir de las reformas del año pasado los tribunales de la Federación, incluyendo a la Suprema Corte, tienen la responsabilidad inexcusable de defender los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales.

Expuso que el protocolo es parte de la instrucción del ministro Juan Silva Meza ante la necesidad de que jueces y magistrados tengan más herramientas, así como de conocer de mejor manera la normatividad internacional.

Por lo anterior, deberán conocer y aplicar el protocolo de atención a niños y adolescentes, y la Corte trabaja para dotarlos del mayor número de instrumentos para que realicen su trabajo.

Recordó que el protocolo nació en el seno de una mesa interinstitucional a invitación del Ejecutivo federal, para platicar sobre el problema generado por los niños envueltos en una situación de violencia derivada de la guerra contra la delincuencia . Nos damos cuenta de que la situación de niñas, niños y adolescentes ante la justicia no se limita a infantes involucrados en actos relacionados con inseguridad o con la guerra contra la delincuencia , detalló.

Al elaborar el protocolo, nos dimos cuenta de que los niños son usuarios del sistema de justicia, entonces la ambición creció para tratar de llegar a todos los jueces y juzgadores del país , dijo.

Pérez Vázquez pidió tener presente que no sólo hay adolescentes y niños delincuentes, para eso hay todo un sistema de justicia penal, también son eventuales víctimas a consecuencia del fuego cruzado.

Existen niños que pierden a sus padres, son abandonados o desplazados y tienen que vivir con otros familiares, lo que provoca que se inicie un procedimiento para saber quién se hará cargo de ellos , agregó.

Eventualmente, los niños son usuarios del sistema, sea en un juzgado familiar, para tutelas, custodias, adopciones; en asuntos civiles, cuando su patrimonio se ve afectado; en asuntos penales, cuando son víctimas o delincuentes.

Los niños y adolescentes siempre son usuarios del sistema y hay un buen número de normas internacionales que los jueces mexicanos deben conocer para realizar mejor su trabajo , aclaró.

El Magistrado refirió que no hay indicadores de cuántos casos de la justicia federal involucran a menores de edad, pero se sabe que casi una cuarta parte de lo que resuelve el Poder Judicial de la Federación son asuntos familiares, divorcios, custodias y tutelas, lo que hace necesario construir indicadores.

El protocolo aclara a los jueces los principios que deben respetar en cualquier procedimiento jurisdiccional en el que esté involucrado un menor de 18 años, como su interés superior, no revictimización y respetar su intimidad.

Los juzgadores tendrán la obligación de escuchar y tomar la opinión de los niños que participan en un proceso judicial, porque la decisión de un juez modifica la historia personal del individuo sujeto al proceso y eso es más crítico en el caso de un menor de edad.

La decisión sobre quién lo cuidará, qué pasará con su patrimonio y quienes serán sus padres -en caso de una adopción- afecta para siempre su historia personal , mencionó.

El menor tiene derecho de ser oído, a participar y a estar enterado todo el tiempo del proceso que lo afecta , concluyó.