Debido a retrasos por efecto de la pandemia de Covid-19, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) postergó su decisión de desechar o no la controversia constitucional que presentó la expresidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, en contra del decreto presidencial del 11 de mayo en el que se ordenó el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024.

“Como yo he señalado en anteriores ocasiones, debido a la pandemia, muchos de los asuntos turnados a nuestras ponencias se encuentran en fase de integración vía electrónica y en algunos casos vía física, y ante la imposibilidad de llevar a cabo, por ejemplo las notificaciones a autoridades que todavía no están trabajando de manera presencial, esto dificulta la integración de los expedientes, o ponerlos en estado de resolución, por eso quedan muchos de ellos en lista”, dijo el ministro Javier Laynez Potisek durante la sesión de la Segunda Sala.

Es por ello que el recurso de reclamación 54/2020-CA, promovido por el Poder Ejecutivo federal en contra de la controversia constitucional 90/2020, fue presentado en lista en espera de su debida integración, sin una fecha para que ello ocurra.

El colectivo Seguridad sin Guerra reveló que ya existe un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, que propone desechar la controversia constitucional promovida por la diputada Laura Rojas a nombre de la Cámara de Diputados.

Cabe destacar que mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Fuerza Armada Permanente participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en funciones de seguridad pública por un periodo máximo de cinco años, es decir, hasta el 26 de marzo del 2024.

Eso permite que los integrantes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, durante el tiempo en que la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, participen en tareas de seguridad pública, “sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del decreto del 26 de marzo del 2019”.

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