El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró por mayoría de 10 votos de los ministros, que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir.

La Corte declaró la invalidez del artículo 196 del Código Penal de Coahuila que establecía una pena de prisión a la mujer que voluntariamente practicara aborto, o a quien la hiciere abortar con el consentimiento de la misma.

Al realizar la declaratoria de invalidez, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dijo que “hoy es un día histórico para todas las mujeres mexicanas y las personas gestantes”.

“A partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables. Con este criterio unánime del tribunal constitucional, no solo se invalidan las normas que fueron objeto de discusión, sino que se establece un criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país. A partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y de la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este tribunal constitucional”, planteó.

El ministro mencionó que con esta resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación demuestra que su único compromiso es con la Constitución y con los derechos humanos, e indicó que “a partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres”. 

El fallo del tribunal fue celebrado por activistas, ONG y funcionarias.

“Nunca más una mujer en la cárcel por tomar la decisión de abortar”, escribió en Twitter la presidenta del Senado y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.

Mientras que activistas como Rebeca Ramos, directora de la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que impulsa la despenalización del aborto en México, indicó en Twitter también que “en casi 3 décadas de existencia, hemos hecho uso del derecho como una herramienta para la construcción de un país en donde la posibilidad de que cada quien elija su futuro reproductivo deje de ser un sueño y se convierta en una realidad para todas, todes y todos”.

También organizaciones como Amnistía Internacional también celebró el fallo, ya que dijo que “este importante avance de derechos humanos es también un logro de diversos movimientos feministas, mujeres y personas gestantes”. En el mismo sentido se pronunciaron la organización Impunidad Cero; el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir AC por la perspectiva de género, y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Efectos de la resolución

En entrevista, Sergio Méndez Silva del colectivo Pro Persona AC y abogado especializado en derechos humanos, mencionó que el fallo de la SCJN “obliga a jueces penales de primera instancia de legalidad por vía incidental, no solamente los de amparo, sino también a tribunales colegiados y salas de la Suprema Corte, perfectamente inaplicar los tipos penales que criminalizan el aborto con un sentido absoluto y liberar a la persona”.

“Esto abre un camino muy importante para evitar la criminalización de las mujeres, y lo que más me gusta de la Corte es la expresión de personas gestantes, que es muy importante para las personas LGBTIQ+, porque reconoce la no binariedad con ese pronunciamiento”, añadió.

Dijo que la resolución de la Corte también es un referente (no obligatorio) para los Congresos locales que aún penalizan el aborto, para que adecuar los tipos penales y anulen los que criminalizan el aborto. “Así que ya los Congresos locales tendrán que ir atendiendo y anulando estos tipos penales”, dijo. 

En el mismo sentido, el constitucionalista César Astudillo, dijo que la resolución “es un atento recordatorio a las legislaturas federal y locales y a sus integrantes, para que no utilicen su poder legislativo para vulnerar los derechos y libertades de las mujeres”. 

El jurista explicó que como parte de la reciente reforma de justicia aprobada por el Congreso, la declaración de inconstitucionalidad de criminalizar el aborto sentó jurisprudencia.

Antes, ahondó, se requerían cinco sentenciadas en un mismo sentido o por contradicción de tesis, pero con la reforma judicial se estableció “que con una sola decisión que contenga las consideraciones de los tipos penales que sancionan en un sentido absoluto la interrupción del embarazo, si ese criterio alcanza cuatro votos en sala u ocho votos en el pleno, no se necesita de otro cuatro criterios para que se vuelva vinculante y obligatorio, se vuelve una jurisprudencia obligatoria”. (Con información de Redacción)

jorge.monroy@eleconomista.mx

kg