SCJN analizará alcances en casos de negligencia médica

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo un recurso que permitirá conocer los alcances del derecho del paciente de otorgar o no su consentimiento informado en la realización de tratamientos o procedimientos médicos, así como de la obligación de los profesionales de la salud de informarles sobre las características del procedimiento y los riesgos que implica tal intervención.

Lo anterior, en relación con los derechos humanos a la vida, la integridad física y a la libertad de conciencia.

El asunto emana de un juicio en materia civil, en el que una persona reclamó de un profesional de la salud, la reparación del daño por negligencia médica, derivado de un procedimiento quirúrgico de carácter estético.

El juez de primera instancia condenó al demandado al pago de responsabilidad civil, así como a responder por los daños y perjuicios y daño moral causados.

Inconformes, ambas partes interpusieron recurso de apelación cuya sentencia absolvió al demandado, contra lo cual la persona demandante promovió un juicio de amparo directo.

La Primera Sala atrajo el asunto de manera oficiosa, al considerar que es de interés y trascendencia porque permitirá, entre otros aspectos, determinar si un profesional de la salud incurre en dolo cuando manifiesta que se puede obtener un resultado satisfactorio de una cirugía estética, en virtud de los conocimientos que ostenta.

También si en caso de que el profesional sea un médico, el dolo que llegue a realizar para promocionar sus servicios profesionales, puede impactar en el derecho de una persona a su consentimiento informado para someterse a un acto médico, a pesar de que éste ya conoce los riesgos que podría correr y su estado de salud particular, y

Asimismo, si el dolo en relación con los servicios profesionales puede constituir un hecho ilícito que genera una responsabilidad extracontractual por la que se pueda imputar negligencia médica, siempre y cuando se acredite un daño y un nexo causal entre el deber de diligencia y los daños reclamados.

jorge.monroy@eleconomista.mx

kg