La Fiscalía General de la República (FGR) reservó por cinco años el informe técnico sobre el destino que tuvo el túnel debajo del penal del Altiplano, mediante el cual, en el 2017, se fugó el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera

Si bien el túnel ya fue sellado y rellenado por las autoridades federales, la Fiscalía reservó por cinco años el expediente técnico sobre los trabajos que se hicieron con ese propósito.

Mediante una solicitud de información, con folio 0001700382820, se requirió a la FGR un informe sobre qué medidas tomaron las autoridades penitenciarias y judiciales para cancelar dicho túnel, y el estado del mismo actualmente.

Ante ello, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), determinó clasificar por cinco años dicha información, por considerar que representa “un riesgo real, toda vez que revelar información inmersa en una averiguación previa se menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles investigaciones en contra de miembros de la delincuencia, así como disminuir la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a efecto de consignar la acción penal ante el Órgano Jurisdiccional competente”.

Añadió que significaría “un riesgo demostrable, ya que al otorgar esta información se expondría la eficacia de esta Fiscalía General de la República, en virtud que al entregar información podrían alterarse los medios de prueba recopilados, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado; y un riesgo identificable derivado que la información solicitada se encuentra relacionada con una averiguación previa en trámite que al ser difundida deja expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas para allegarse de los elementos necesarios para comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable”.

A través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), quien es la que cuenta con dicha información, la Fiscalía ordenó la reserva de la información hasta por un periodo de cinco años, o bien, por el periodo del cual subsistan las acciones de persecución e investigación.

En declaraciones hechas ante la Corte de Nueva York donde se encuentra preso, Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, confesó que él organizó la construcción del túnel debajo del penal del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "El Altiplano", para la fuga de su “compadre”, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Mi comadre (Emma Coronel) me buscó para decirme que mi compadre se quería fugar otra vez, que si lo ayudaba de vuelta”, dijo López Núñez ante la Corte.

La construcción duró alrededor de seis meses, y habría tenido un costo de 8 millones de pesos, según estimaciones de expertos.

El 11 de julio del 2015, alrededor de las nueve de la noche, Guzmán Loera se encontraba dentro de la celda número 20 del penal, en la que permaneció durante 17 meses. Se aproximó a la regadera donde se encontraba un hoyo por el cual descendió unos metros hasta llegar a un túnel de 1.7 metros de altura, entre 70 y 80 centímetros de ancho y más de 1.5 kilómetros de longitud, el cual lo condujo hasta una casa en Almoloya, Estado de México.

Ahí, integrantes del Cártel de Sinaloa transportaron a Guzmán en vehículos, y luego, se sospecha, en aeronave hacia la zona del llamado Triángulo Dorado.

La fuga de “El Chapo” causó sorpresa y polémica a nivel internacional, por considerar que debió haber contado con la complicidad de autoridades del penal del Altiplano para poder fugarse.

El 8 de junio del 2016, el entonces presidente Enrique Peña Nieto anunció que la Marina había detenido por tercera ocasión al líder del Cártel de Sinaloa. Tras su aprehensión, Guzmán fue recluido nuevamente en el penal del Altiplano, donde era vigilado las 24 horas del día.

Pero en mayo del 2016 fue trasladado al Cefereso 9, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que las autoridades detectaron la posibilidad de que Guzmán intentara una nueva fuga.

El 19 de enero del 2017, el gobierno mexicano ejecutó la orden de extradición "El Chapo" a Estados Unidos, donde el 17 de junio del 2019 fue condenado por un juez federal a cadena perpetua y 30 años adicionales, por haber conspirado en el tráfico de enervantes.

El juez Brian Cogan, del tribunal de Brooklyn, Nueva York, también ordenó incautarle casi 12,700 millones de dólares, la cantidad que el gobierno de Estados Unidos estimó que "El Chapo" ganó como líder del Cártel de Sinaloa entre 1989 y 2014.

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