El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con el propósito de fortalecer la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

La enmienda, aprobada por 414 votos y cuyo decreto se envió a la Cámara de Senadores para su eventual ratificación o modificación, evitará que quienes dañen el erario público sigan en funciones y que el resarcimiento del daño extinga el resto de las responsabilidades que deben enfrentar los funcionarios públicos y particulares, sean administrativas, penales o políticas.

Se establece con claridad y precisión que quienes realicen un daño o perjuicio al erario público federal no queden impunes, sino que reciban la sanción que corresponde a la falta de probidad, siendo inhabilitados para desempeñarse en funciones públicas, concluyendo así con el hecho de que el funcionario anteriormente continuaba en su puesto, se burlaba de la sociedad y no correspondía ni hacía lo que tenía y esperaba la sociedad , afirmó desde la tribuna Arely Madrid Tovilla.

Al fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, su presidenta dijo que los cambios logrados contribuyen a la certidumbre y a la salvaguarda de la Hacienda pública.

La reforma, amplió, complementa la estrategia nacional contra la corrupción, puesto que no limita ninguna posibilidad de seguir otros procedimientos tanto de responsabilidad administrativa como penales; el resarcimiento del daño no excluye al servidor público de cualquier otra responsabilidad en la que incurra, en tanto que se transforma en un poderoso inhibidor de conductas nocivas .

Se impedirá además que los servidores públicos sujetos a responsabilidad resarcitoria por resolución firme y que no hayan reparado el daño sean contratados para el ejercicio de la función pública.

Las modificaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos obligarán a todo servidor público a abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y quien habiendo sido sancionado, mediante resolución firme por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en un procedimiento resarcitorio, omita cubrir el pago respectivo a la Tesorería de la Federación.

En cuanto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se prevé facultar a la Secretaría de la Función Pública para inhabilitar temporalmente para participar de manera directa o mediante otra persona en los procedimientos de contratación o celebrar contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público a los licitantes o proveedores que omitan el pago de las sanciones resarcitorias firmes impuestas por la ASF, en cuyo caso la inhabilitación cesará hasta que el pago respectivo ante la Tesorería se efectúe en su totalidad.

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