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Registro nacional de celulares, sin grandes avances
La secretaria de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados expuso que entre abril y mayo de los 75.3 millones de usuarios sólo se habían registrado 3 millones 24,861.

El escaso avance en el registro de usuarios de telefonía móvil provocaría la "eventual cancelación masiva de números" y que no se cumpla el objetivo de combatir la extorsión, las amenazas y los secuestros, advirtió la diputada Adriana Dávila.
En entrevista en San Lázaro, la secretaria de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados expuso de que de los 75.3 millones de usuarios de telefonía móvil, entre el 10 de abril y el 10 de mayo sólo se habían registrado 3 millones 24,861.
Es decir, abundó la legisladora, 95.9% de las personas que cuentan con teléfono celular no habían cumplido con esa obligación.
Recordó que presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para exhortar al Ejecutivo a que, a través de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Gobernación (Segob), se pida a concesionarios ampliar las campañas de difusión respecto a esta medida.
En el documento se menciona que la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) tiene la intención de facilitar el combate a los delitos de extorsión, amenazas y secuestro, así como de la delincuencia organizada.
El 9 de febrero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establece que los usuarios que poseen un teléfono celular tienen un año, a partir de la fecha que entró en vigor, para inscribirse en las compañías que les dan el servicio de telefonía y registrar el equipo y chip.
"Transcurrido el plazo señalado, existe la obligación por parte de los concesionarios de cancelar inmediatamente las líneas que no hayan sido identificadas o registradas".
"Resulta preocupante la escasa participación de usuarios en la obligación de este registro porque los plazos siguen corriendo; puede presentarse el riesgo de no cumplir con esta disposición y generar graves problemas ante la eventual cancelación masiva de números celulares", advirtió la diputada en la justificación de la propuesta.
Dávila Fernández enfatizó que con la poca respuesta a esta obligación no se cumple el objetivo perseguido por este registro, que es el control de la telefonía celular utilizada para fines delictivos.
Vrag/doch