El Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Vícam, Sonora, hace unos días, es cuestionado por líderes de esa comunidad y de organizaciones sociales que consideran insatisfechas sus demandas históricas de acceso al agua del río que lleva el mismo nombre de su etnia y alto al hostigamiento y represión, además de exigencias recientes como la cancelación del Acueducto Independencia y el esclarecimiento de los asesinatos y desapariciones forzadas de dirigentes e integrantes de su comunidad.

El territorio yaqui se localiza en el sur del estado, en una franja de costa y valle, frente al Mar de Cortés, que se extiende desde la ribera del río Yaqui, al norte de Ciudad Obregón, hasta el cerro Tetakawi, localizado al norte de la ciudad de Guaymas. Son ocho pueblos tradicionales: Loma de Guamúchil, Loma de Bácum, Tórim, Vícam Pótam, Ráhum, Huirivis y Belem, los cuales forman parte de los municipios de Guaymas, Bácum, Cajeme y Empalme. Los yaquis se identifican a sí mismos y a los mayos como yoremes.

El pasado 28 de septiembre, en Vícam, que es el centro político de la comunidad, el presidente, López Obrador, con bastón de mando en mano, encabezó un acto de petición de perdón al pueblo yaqui por los agravios cometidos en el pasado.

Ahí, ante líderes comunitarios, integrantes de ese grupo étnico, autoridades locales y federales, el jefe del Ejecutivo federal, reafirmó el compromiso de justicia para los pueblos yaquis y de reparación de daños, con inversiones federales para la dotación de tierras, garantizar el derecho al agua y un programa de bienestar.

De acuerdo con el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui, Adelfo Regino Montes, ese día se firmaron los Acuerdos del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui.

Concretamente se anunció la restitución de 20,000 hectáreas de tierras, de las cuales el presidente firmó el decreto de la entrega de 2,943 y se garantizó el agua para los pueblos y la agricultura.

También puso en marcha un programa de mejoramiento urbano con una inversión de 1,500 millones de pesos, apoyos para vivienda, la construcción de seis unidades médicas del IMSS-Bienestar en los pueblos de ese territorio y un hospital regional, así como la Universidad del Pueblo Yaqui.

Además, se acordó la construcción del Acueducto Yaqui, que tendrá una extensión de 158 kilómetros, para llevar agua desde la presa Oviachic a Bahía de Lobos y Las Guásimas de Belem.

Mario Luna Romero secretario de las autoridades tradicionales yaquis en Vícam dijo a El Economista que lo ocurrido el 28 de septiembre pasado es una buena intención, pero hace falta mucho más que eso para desagraviar a esa comunidad.

“Nosotros lo que vemos es que las agresiones comenzaron con la conquista, se profundizaron en la época de la Colonia y durante la Revolución y se mantiene hasta la fecha”.

Recalcó que un simple pronunciamiento no sirve para resarcir un daño sistemático “que persiste hasta nuestros días”.

Asimismo exigió que paren los asesinatos y agresiones contra líderes e integrantes de las comunidades yaquis, además de que, recalcó, “no se está haciendo absolutamente nada” para esclarecerlos.

El vocero indígena dijo que los líderes de los pueblos yaquis viven una situación preocupante porque se han incrementado las amenazas no solo contra los que realizan un trabajo comunitario en defensa del agua, sino los que exigen que se haga justicia en los homicidios cometidos contra integrantes de esa comunidad.

Recalcó que en los últimos meses se han incrementado las agresiones y las formas. También denunció el aumento de la presencia de integrantes de la delincuencia organizada.

Además de las agresiones a defensores y dirigentes han aumentado los casos de desapariciones de hombres y mujeres.

De acuerdo con Luna Romero los yaquis se sienten altamente vulnerables a pesar de que el gobierno ha incluido al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos a alrededor de 20 personas.

Por su parte Carlos Lavore, integrante de la Fundación para la Democracia y estudioso de la resistencia de los pueblos comunitarios en América Latina, opinó que está bien que el gobierno mexicano pida perdón al pueblo yaqui, pero eso debe ir acompañado de hechos contundentes. “Lo que ofrece el gobierno es un avance pero no es suficiente”. Consideró indispensable que se esclarezcan los asesinatos cometidos contra dirigentes yaquis.

En su opinión, la historia del pueblo yaqui es una existencia dramática, por todo lo que ha sufrido y admirable, por su capacidad de resistencia.

Disputa por el agua, un problema que escurre por siglos

Las aguas del rio Yaqui, el más caudaloso de Sonora y que atraviesa de norte a sur, así como las tierras de cultivo que riegan sus aguas, ha sido la manzana de la discordia en la zona desde hace siglos.

De acuerdo con el INPI, los primeros enfrentamientos con los españoles tuvieron lugar hacia 1607. En 1610 los yaquis aceptaron la presencia de los misioneros jesuitas y se concentraron en los ocho pueblos tradicionales.

En 1741 se produjo un levantamiento que terminó con la firma de un tratado en el que se reconoció el derecho de los yaquis a conservar sus costumbres y gobierno; la posesión total de sus tierras y el derecho a conservar sus armas.

Con la expulsión de los jesuitas, en 1767, concluyó este periodo de relativa paz. Los franciscanos, que remplazaron a los jesuitas, no lograron mantener el control y comenzó el despojo de su territorio.

En 1825 se iniciaron las rebeliones yaquis que marcaron desde entonces y hasta 1936, la tónica de sus relaciones con los gobiernos estatal y federal, con una serie de enfrentamientos e intentos de exterminio, particularmente en el porfiriato cuando se intensificó la ofensiva y miles de yaquis fueron vendidos como esclavos y deportados a Yucatán y a Quintana Roo.

Durante la Revolución hubo una importante participación yaqui, pues los líderes revolucionarios sonorenses prometieron devolverles su territorio al final de la guerra. Obregón faltó a la promesa y se dieron nuevos levantamientos que duraron hasta 1929.

Mediante los acuerdos establecidos con Lázaro Cárdenas en 1939, se les ratificó la posesión de 485,235 hectáreas reconocidas como territorio exclusivo.

De acuerdo con la investigadora del Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste de la UNAM, Enriqueta Lerma Rodríguez, el acuerdo incluía la dotación de hasta el 50% del agua de la presa La Angostura, localizada en el municipio de Nacosari sobre el cauce del río Bavispe, en la cuenca norte del río Yaqui.

La tribu yaqui podrá disponer, durante cada año agrícola, hasta la mitad del caudal que se almacenará en la presa para fines de riego.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la presa La Angostura tiene actualmente una capacidad de almacenamiento de 703.38 millones de metros cúbicos.

La especialista subraya que en 1952, el agua disminuyó con la desviación del caudal de agua provocado por la construcción de la presa El Oviachic, con capacidad de 3,023.14 millones de metros cúbicos, ubicada en el municipio de Cajeme, que se canalizó hacia los campos agrícolas del Valle del Yaqui, en manos de empresarios privados.

Además, en 1964 se interpuso entre las dos presas una tercera, la del Novillo, con capacidad para almacenar 2,833.07 millones de metros cúbicos, donde funciona una hidroeléctrica y desde donde opera, desde 2013 el Acueducto Independencia para llevar agua a la ciudad de Hermosillo, lo que motivó la llamada “Guerra del Agua”, protagonizada por el pueblo yaqui en contra del gobierno del panista Guillermo Padres, en el sexenio del presidente Felipe Calderón y que todavía no termina.

De hecho ese asunto, es la razón de gran parte de los conflictos sociales que han enfrentado los yaquis durante los últimos años.

El día del evento de solicitud de perdón al pueblo yaqui, y ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el excandidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, dijo que “antes que nada” se debe cancelar el Acueducto Independencia, pues “fue construido pasando por encima de disposiciones judiciales y a pesar de varios mandamientos para que no se construyera o se suspendiera su construcción, se ha puesto en operación, consecuentemente al margen de la ley y que hoy extrae 30 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca del río Yaqui para llevarlas a la cuenca del río Sonora”.

El problema no para ahí, pues a lo largo de los 152 kilómetros de la presa El Novillo y Hermosillo se han detectado una serie de tomas clandestinas para el riego de sembradíos de empresarios agrícolas.

Por ello, de acuerdo con Cárdenas Solórzano, “una primera muestra de voluntad del gobierno de la República de poner orden y hacer justicia en los usos de las aguas de la cuenca del río Yaqui será entonces cancelar la operación del acueducto y sancionar a quienes en este caso hayan violado la ley”.

La gravedad del asunto remarcó, es que cada año, se retengan arbitrariamente 600 millones de metros cúbicos de aguas de la cuenca del río Yaqui en la presa de El Novillo, que abastece la operación del Acueducto Independencia en detrimento de los usuarios del bajo río Yaqui, esto es gente de la tribu y muchos agricultores más.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo que “nos va a resultar problemático” cancelar el acueducto.

Esa posición fue criticada severamente por dirigentes yaquis y sociales en Sonora. Mario Luna Romero dijo que para las autoridades tradicionales yaquis, si el gobierno federal quiere resarcir el daño a ese pueblo, lo primero que debe de hacerse es reconocer lo que están haciendo mal las autoridades locales y federales en este momento, concretamente al permitir la operación del Acueducto Independencia que se construyó pese a no contar con manifestación de impacto ambiental, no obstante a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso suspender la obra.

Lamentó la posición del presidente López Obrador al respecto pues, en su opinión, el gobierno federal solo quiere cumplir la ley cuando “no sea problemático”.

Dijo que la intención es llevarse anualmente 75 millones de metros cúbicos de agua de la presa El Novillo, lo cual equivale a la que se ocupa para regar 20,000 hectáreas de siembra de trigo.

Lo preocupante, continuó es que con la capacidad de los tubos que se colocaron se pueden llevar hasta 120 millones de metros cúbicos al año.

El líder yaqui manifestó su preocupación porque al “adelantarse” el presidente López Obrador a defender el Acueducto Independencia, sus seguidores y quienes defienden esa obra se van a sentir con derechos de agredir a los que opinan contrariamente. “Nos deja vulnerables ante poderes fácticos de la zona y criminales”.

Dijo que en los últimos tres años han sido asesinados cuatro líderes yaquis, entre ellos Tomás Rojo Valencia, Agustín Roque y Luis Urbano Domínguez y muchas personas más han sido objeto de múltiples y reiteradas agresiones “y ya ni se sabe” de dónde vienen, pero van dirigidos principalmente a los que trabajan en defensa del agua y el territorio o derechos humanos.

Por su parte Alberto Vizcarra Ozuna, vocero del Movimiento Ciudadano por el Agua escribió en un medio local que el respaldo del presidente al acueducto “no es un asunto que se limita a las perniciosas consecuencias religiosas. Es el reflejo de su postración frente a los corporativos privados que durante los últimos 30 años, ante el constante retiro del Estado, ha venido normando una política hídrica”.

Incluso denunció que durante los últimos tres años han “sentido la intensa presión de los directivos del INPI, quienes descaradamente ofertan las promesas de beneficios del Plan de Justicia a cambio de la aceptación del acueducto”.

Mientras todo ese ocurre el agua que brota en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental sigue su ruta en busca del mar en la zona de esteros de un lugar que se llama San Ignacio Río Muerto.

diego.badillo@eleconomista.mx