El Estado de México no cuenta con las herramientas necesarias para proteger el uso de programas sociales de cara a los comicios del 2018, señaló la asociación civil Incide Social.

Los huecos en las normativas para proteger su uso, según la experiencia del 2017, están en materia de transparencia, de sistemas de fiscalización, contraloría social, participación ciudadana y educación cívica, apuntó la organización durante la presentación del documento Análisis sobre el grado de protección de los programas sociales en el proceso electoral 2017 del Estado de México .

De los 66 programas sociales que estuvieron vigentes en el Estado de México durante el periodo electoral, 30 fueron revisados por la asociación.

Entre los hallazgos se indicó que el tema de transparencia es uno de los más llamativos: sólo uno tiene contraloría social y muchos no cuentan con padrón de beneficiarios. Otro problema radica en que no hay una ley de presupuesto que permita revisar qué programas sociales se desarrollarán en el año y los montos destinados a éstos.

Además, detallaron que de los 260,000 millones que tiene de presupuesto el Estado de México para este año, 60.5% está destinado a programas sociales.

Añadieron que en varios programas revisados se observó que los recursos presupuestados para todo el año, a mitad de éste ya habían sido devengados.

En ese sentido, Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) dijo que no se podía descartar que estos recursos hubieran tenido como fin financiar los comicios del 4 de junio, mismos que a la fecha acumulan 306 procesos en la dependencia que preside.

A su vez, Ivet Pérez, investigadora a cargo del proyecto, señaló que las estrategias de blindaje de programas en tiempos electorales que lleva a cabo la Fepade no han demostrado su eficacia.

De cara al 2018, la asociación civil propuso que se enfile una herramienta que permita comparar cómo van los programas sociales en cuanto a transparencia y los rubros arriba señalados.

La necesidad de hacer esto, refirió Clara Jusidman, presidenta honoraria de Incide Social, es que se pueda delimitar claramente el entorno del ejercicio de los recursos públicos y vigilar la manera en que se implementa un programa social desde su diseño hasta el cumplimiento de sus objetivos.

Por su parte, Pamela San Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral, expuso que no se deben regular necesariamente los programas sociales, sino la manera en que se entregan.

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