El comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la ONU, expresó su profunda preocupación por los patrones persistentes de violencia de género contra mujeres y niñas en todo México, incluida la violencia física, psicológica, sexual y económica, así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura, el asesinato sexual y en particular el feminicidio.

Al presentar su noveno informe sobre la situación que guardan los derechos de las mujeres en México, el organismo internacional también reiteró sus inquietudes por la persistencia de altos niveles de inseguridad, violencia y presencia del crimen organizado en nuestro país.

A través de 57 puntos, entre los que lanza recomendación para eliminar la discriminación de las mujeres, el comité reconoció “las importantes medidas legislativas e institucionales adoptadas por el Estado” para combatir los altos niveles de violencia de género en México. Sin embargo, hace énfasis en una falta de armonización estatal de la Ley general sobre el acceso de las mujeres a una vida sin violencia, para criminalizar el feminicidio.

De igual forma, observó con preocupación los persistentes obstáculos para impedir la aplicación efectiva del mecanismo de alerta de género a nivel federal, estatal y municipal; el uso limitado de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, desglosados por tipo de violencia y relación entre el agresor y la víctima.

Ante esto, el CEDAW instó al Estado mexicano a que adopte medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, abordando las causas fundamentales de esa violencia, incluida la violencia armada; delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación de la mujer.

Además de investigar, enjuiciar y castigar adecuadamente a los perpetradores, incluidos los actores estatales y no estatales, como una prioridad.

Llamó a que se asegure que el feminicidio esté tipificado como delito en todos los códigos penales estatales, de conformidad con la Ley general sobre el acceso de las mujeres a una vida sin violencia y se homologuen los protocolos de investigación policial sobre los asesinatos de mujeres con perspectiva de género en todo el país.

Al igual que se garantice la aplicación efectiva de disposiciones penales sobre el feminicidio y en específico pidió a México que, en un plazo de dos años, proporcione información por escrito sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones que figuran en este tema.

Instó además a fortalecer los mecanismos para recopilar sistemáticamente datos desglosados sobre la violencia contra la mujer, incluido el feminicidio, y las desapariciones forzadas de mujeres y niñas.

El comité perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de igual forma alertó sobre que las defensoras de los derechos humanos y las periodistas están sometidas a diversas y crecientes manifestaciones de violencia aparentemente cometidas, en algunos casos, por agentes del Estado.

Por otro parte, aplaudió los esfuerzos realizados por el Estado para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia, incluido el Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Sin embargo, mostró inquietud por que “las barreras institucionales, estructurales y prácticas profundamente arraigadas continúen obstaculizando el acceso de las mujeres a la justicia”.

Por lo que exhortó a que se asegure la capacitación sistemática y obligatoria de jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, policías y otros agentes del orden a nivel federal, estatal y local, con relación a los derechos de la mujer y la igualdad de género, para eliminar el trato discriminatorio hacia las mujeres y niñas.

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