Los alcances que tiene el derecho a la información en temas de violaciones graves a los derechos humanos dependerán del debate que se geste entre los 11 ministros que componen el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ello luego de que la ministra Olga Sánchez Cordero pidiera a sus compañeros de la primera sala que la discusión sobre el amparo promovido por asociaciones civiles, quienes solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) una versión pública del expediente de las averiguaciones previas de la llamada masacre de San Fernando, Tamaulipas, en el 2010; de las 47 fosas clandestinas halladas también en San Fernando, en el 2011 y de los 49 torsos encontrados en Cadereyta, Nuevo León, en el 2012, fueran transferidas al pleno del tribunal constitucional.

En entrevista en las instalaciones de la SCJN, la vocera de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho -una de las organizaciones que promueven dicho juicio- Ana Lorena Delgadillo, refirió que dicha decisión retrasará aún más la transparencia en dichos casos, los cuales cumplieron cerca de cinco años.

Desde el 2013, la fundación solicitó a la PGR la versión pública de los expedientes. La no gubernamental argumenta que pese a que estas masacres constituyen violaciones graves a los derechos humanos, la fiscalía se ha negado sistemáticamente a entregar dichos documentos, violando así la ley general de transparencia.

La fundación destaca que a la fecha, ni las víctimas ni la sociedad pueden tener claridad sobre la participación de servidores públicos en estas masacres o sobre las investigaciones que se llevaron a cabo.

La PGR clasificó la información, resolución que fue avalada por el Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai), ahora Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).

El amparo llegó al juez octavo de distrito, Fernando Silva, quien ordenó la desclasificación de la información, pero la sentencia fue impugnada, por lo que el caso fue turnado al Máximo Tribunal.

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