Miles de investigaciones por actos de tortura cometidos presuntamente por servidores públicos se han abierto en México.

Marinos, soldados, policías federales y servidores adscritos a la —ahora—Fiscalía General de la República (FGR) como peritos, agentes del Ministerio Público, entre otros, son investigados por su presunta participación en actos de tortura.

La Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en Derechos Humanos de la FGR, derivado de hechos ocurridos en el 2011 en Veracruz, mantiene abiertos expedientes por la tortura de dos personas a manos, supuestamente, de elementos de la Secretaría de Marina.

Mientras que en el 2018 se tuvo registro de una persona torturada presuntamente por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En total, la Dirección General de Atención y Seguimiento de la FGR mantiene abiertos 52 expedientes que datan entre el 2006 —inicio de la guerra contra el narcotráfico declarada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa— a marzo de este 2019, por tortura.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim) de la FGR ha abierto investigaciones por la tortura de tres mujeres en Guerrero y Baja California en el 2011, presumiblemente a manos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otros responsables aún no identificados.

Mientras que, entre enero y marzo de este año, la Fevim abrió indagatorias sobre la tortura de 11 mujeres en el Estado de México por parte de funcionarios públicos. Sobre estos hechos, según informó la FGR como respuesta a una solicitud de información de un ciudadano, se siguen las investigaciones sobre “quienes resulten responsables”.

Por otra parte, la Fiscalía Especial en Investigación de Delito de Tortura, según indicó la FGR como respuesta a la solicitud con folio 0001700116319 de un ciudadano, hasta marzo pasado había 4,138 averiguaciones previas por tortura de elementos de instituciones dedicadas a la seguridad pública; 1,552 sobre elementos del Ejército; 671 por marinos, y 1,915 por policías federales y otras instituciones.

Había 536 carpetas de investigación por tortura; en 171 carpetas se vincula a elementos del Ejército en ese tipo de actos; 76 carpetas involucran a marinos; 311 inmiscuyen a elementos de la Policía Federal, y 149 involucran a funcionarios de otras instituciones públicas.

Cabe recordar que, durante el antiguo sistema penal, las instancias de procuración de justicia generaban averiguaciones previas sobre los casos a investigar. Fue a partir de la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio, en el 2016, que se cambiaron las averiguaciones por carpetas de investigación.

La diferencia entre ambas es que para la integración de averiguaciones previas se necesitaba una tarea investigadora más estricta por parte de las autoridades, mientras que para las carpetas de investigación se necesitan sólo datos de prueba que apunten a que se pudo cometer algún delito.

Los datos de la visitaduría

De acuerdo con la misma información emitida por la fiscalía vía transparencia, entre el 2007 y hasta marzo pasado la Visitaduría General de la FGR, órgano encargado de supervisar, fiscalizar e inspeccionar a los servidores públicos adscritos a la fiscalía, ha abierto 1,126 indagatorias sobre tortura causada por funcionarios.

En el 2007, primer año del sexenio de Felipe Calderón, la visitaduría abrió cinco indagatorias; en el 2008 otras cinco; en el 2009 fueron cuatro, y en el 2010 cinco más.

La tendencia se mantuvo similar durante los años siguientes hasta el 2013, primer año del presidente Enrique Peña Nieto. A partir de entonces las indagatorias por este delito, adjudicado a servidores públicos, se comenzaron a disparar.

En el año 2013 la visitaduría abrió 20 indagatorias por tortura de servidores públicos; en el 2014 la cifra creció hasta 85, y en el 2015 se abrieron 115 indagatorias.

En el 2016 —año que ha marcado un récord hasta ahora en los últimos 12 años— se abrieron 482 indagatorias; en el 2017 fueron 308, y en el 2018 se abrieron 66 indagatorias.

Mientras que, en este año, entre enero y marzo, ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Visitaduría General ha abierto 17 indagatorias por tortura causada por servidores públicos.