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Política

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Por definir, estatus de denuncia ABC

Integrantes del Movimiento por la Justicia 5 de Junio entregaron el pasado 17 de abril un documento en la PGR con el peritaje de una empresa estadounidense.

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La PGR definirá en los próximos días qué estatus otorgará al documento entregado por los padres de familia que perdieron a sus hijos en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora en el 2009, en donde presumen fue intencional, debido a que se trata de un caso juzgado y cerrado e incluso llevado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Fuentes federales expresaron que el pasado 17 de abril, los padres de los infantes fallecidos que conforman una asociación entregaron un estudio de una empresa extranjera, donde se sostiene que el incendio fue intencional y se contrapone a todos los peritajes nacionales e internacionales realizados por la PGR durante la investigación.

En ese sentido, las fuentes consultadas comentaron que la Subprocuraduría de Control Regional de Procesos Penales de la Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra en estudio y análisis para determinar si en el informe del abogado de los padres de familia, Gabriel Alvarado, entregado la semana pasada, incluye elementos constitutivos de delito.

Será hasta después de la revisión, cuando el agente del Ministerio Público de la Federación emita una opinión; si hay elementos suficientes para iniciar una indagatoria, en tanto no concluya la evaluación jurídica, no se puede emitir una opinión, explicaron.

La investigación oficial del incendio ocurrido en la Guardería ABC durante el gobierno de Eduardo Bourns, en Sonora, concluyó en que fallecieron 49 infantes, 70 más resultaron heridos y que se trató de un cortocircuito; ante la oposición de los padres de familia, el caso llegó hasta la SCJN, que responsabilizó a 12 funcionarios menores de entonces, los cuales salieron libres bajo fianza.

Es en ese sentido que la PGR analizará el informe entregado por los padres afectados y su representante legal, pues defienden que el incendio fue provocado para destruir documentación donde existían registros de una deuda estatal malversada por 10,000 millones de pesos.

rtorres@eleconomista.com.mx

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